11 de abril de 2015
11.04.2015
Acto en Alicante

Fabra obligará a los candidatos a firmar que dejarán el acta si son imputados

Rajoy se olvida de nuevo de los trasvases en el programa electoral y evita poner fecha a la financiación

11.04.2015 | 04:15
Fabra, con Sánchez Zaplana y Císcar, ayer, en Alicante.

El líder del PPCV, Alberto Fabra, dio ayer otra vuelta de tuerca a su política contra la corrupción. Anunció que todos sus candidatos firmarán un carta, un compromiso de «ejemplaridad», con el que prometerán por escrito ante los ciudadanos «dejar sus actas personales si son imputados o incumplen algunos de los comportamientos éticos a los que se comprometen al firmar ese documento».

Fabra se pronunció así en la presentación de la candidata del PP en Alicante, Asunción Sánchez Zaplana. Con esta iniciativa va un paso más allá en las líneas rojas. Hasta ahora ha apartado a los cargos bajo su responsabilidad que eran imputados, pero los diputados en las Corts han conservado el acta hasta el juicio oral. Con ese compromiso escrito traslada la obligación moral a los diputados para que dimitan si existe imputación. Es el problema que ha tenido con algunos diputados o alcaldes, como Milagrosa Martínez, que se han enrocado en su cargo para desgaste del partido. Igualmente, Fabra prometió ayer eliminar el aforamiento la próxima legislatura, algo para lo que necesita una mayoría cualificada en las Corts.

Al margen de esto, el PP hizo público ayer el programa marco autonómico para las próximas elecciones, un documento que no ha sido precisamente sensible con dos temas capitales para el PPCV: la financiación y el agua.

En cuanto a la primera materia, Génova ha hecho encaje de bolillos para que cada territorio popular pueda vender una reforma del sistema favorable a sus intereses. El texto, que no fija plazos para la reforma, se limita a prometer una reforma del «sistema de financiación autonómica bajo los principios de autonomía, solidaridad, suficiencia y corresponsabilidad fiscal», con una negociación «transparente y multilateral, intentando lograr el mayor consenso posible».

Una redacción lo suficientemente ambigua como para que en la idea de «cohesión territorial y la solidaridad entre españoles» puedan acomodarse quienes apuestan por criterios de población, como Valencia, o los que aspiran a que se prime el envejecimiento o la dispersión poblacional a la hora de organizar el nuevo reparto: «Todos los españoles deben ser iguales en oportunidades y calidad de servicios que reciben en todo el territorio nacional».

Junto a esto, la cuestión hídrica vuelve a marginar los postulados que durante años defendió y rentabilizó electoralmente el PP valenciano. El partido de Rajoy, de hecho, parece hoy antitrasvasista. «Continuaremos apoyando una política hidrológica nacional consensuada que atienda los criterios de unidad de cuenca, sostenibilidad medioambiental, prioridad de uso en la propia cuenca con garantía de las necesidades presentes y futuras de la misma, y la solidaridad interterritorial». El texto es prácticamente calcado al que Mariano Rajoy ya fijó para el programa de 2011. Ni una mención a los «trasvases» o a la «transferencia de sobrantes de agua a cuencas deficitarias», como se reconocía años atrás.
Hoy sólo uno de los casi 400 artículos que conforman el programa marco habla de los ríos. Y lo hace para fijar criterios como los que defiende el PP aragonés, contrario al trasvase del Ebro, o el PP castellano-manchego de María Dolores de Cospedal, nada entusiasta del trasvase Tajo-Segura. Esta legislatura, de hecho, se ha incrementado la capacidad mínima que tienen que tener los embalses de Entrepeñas y Buendía para poder autorizar envíos de agua a la cuenca del Segura. El presidente Fabra deberá conformarse con la mención a la «solidaridad interterritorial» si quiere hacer campaña con el agua.

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