La cercanía de las elecciones suele ser un terreno abonado para las promesas electorales o para la puesta en marcha de medidas de calado social. En las últimas semanas el dinero del Fondo de Liquidez Autonómica que llega del Estado (FLA) está sirviendo al Consell para contentar a algunos colectivos o proveedores afectados por los impagos crónicos.
Ayer, la Conselleria de Economía anunció que va a poner en marcha de forma inminente un «cheque energético» para personas pobres. Se trata de una aportación anual de 100 euros por familia que alcanzaría a un máximo de 10.000 núcleos familiares al año, lo que suma un millón de euros.
La pobreza energética se ha convertido en uno de los aspectos más crudos de la crisis, con miles de familias incapaces de hacer frente a necesidades tan básicas como mantener el hogar caliente en los meses de invierno.
Lo de ayer, en todo caso, no fue una promesa electoral sino el anuncio de una iniciativa que el Consell pretende poner marcha ya, aunque llegue a 42 días de las autonómicas de mayo y una vez han pasado los meses fríos del invierno.
Las ayudas, para las que ya hay consignación presupuestaria, no las gestionará directamente el Consell. El departamento de Economía va a realizar un concurso para adjudicar la gestión de este «cheque energético» a una ONG «con la implantación social necesaria para facilitar el acceso». Esta entidad se encargará de «atender a las familias, verificar que cumplen los requisitos y tramitar las ayudas» para que la Generalitat realice los pagos.
La idea es que los pliegos estén listos en pocas semanas, antes de las elecciones. Al respecto, el conseller de Economía, Máximo Buch, afirmó que «será un proceso rápido, de ahí que se busque a una ONG que tenga la estructura necesaria para que todo el mundo tenga facilidad para llegar».
El presupuesto, de un millón de euros, se repartirá entre un máximo de 10.000 familias, por un importe de 100 euros por hogar y año. La prioridad en la adjudicación serán las familias con hijos menores de 18 años a su cargo e ingresos totales de la unidad de convivencia no superiores a 532 euros al mes, cantidad en la que está establecido el indicador público de renta de efectos múltiples (Iprem).
El conseller Buch, anunció que la administración ultima el lanzamiento de esta ayuda para «combatir la pobreza energética» y mostrar su sensibilidad hacia personas que «lo están pasando mal y no tienen recursos suficientes para hacer frente a las facturas de suministro energético». En las últimas semanas, precisamente, estaban arreciando las críticas desde la oposición al PP por la forma de gestionar la crisis y por mostrarse «insensible» con los más desfavorecidos por la situación económica.
Según indicó Buch ayer, esta iniciativa surge a raíz del incremento registrado en los últimos años del número de familias con serias dificultades para asumir el coste del suministro energético para cubrir sus necesidades básicas, como mantener la vivienda a una temperatura que ha haga mínimamente confortable o disponer de agua caliente. «Hay gente que tiene que apagar la luz o no usar calefacción porque sus ingresos son muy bajos y la factura energética les pesa», apuntó el conseller Buch, quien reconoció que «las cosas van mejor», aunque «sigue habiendo personas que lo están pasando mal».
