El conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, considera que debe ser el Reino de España el que pague la multa de 18,93 millones de euros impuestos por la Unión Europea a España por la manipulación de las estadísticas sobre el déficit en la Comunitat Valenciana.

En un tuit, Soler cree que es España el que se tiene que hacer cargo de la multa y no trasladarla a "las esquilmadas arcas" de la Generalitat.

Además, afirma que los ciudadanos no pueden pagar "la gestión negligente" del anterior Consell, así como que la multa impuesta por la Unión Europea es la consecuencia de una manera de gobernar del gobierno anterior de la Generalitat "que rechazamos completamente".

"Ocultar facturas, como hizo la Generalitat durante años, es algo completamente inadmisible y así lo ha entendido la Unión Europea que lo califica de negligencia grave", ha dicho Soler.

El responsable de Hacienda ha recordado que los hechos denunciados por la Unión Europea se refieren a un periodo de tiempo concreto, y cuyos responsables "se pueden identificar perfectamente", en referencia a "los consellers que permitieron estas prácticas y a la Intervención de la Generalitat que las validó".

Soler ha añadido que desde el Consell se va a apostar por reforzar la transparencia y el control presupuestario para que algo así no vuelva ocurrir.

En este sentido, ha explicado que una de las primeras medidas que aprobó el actual Consell fue instar a la Intervención General para que solicite a las Intervenciones Delegadas un informe de la situación económica de todas las Consellerias a fecha de 1 de julio.

Bruselas abrió en julio de 2014 una investigación formal sobre una "posible manipulación" de las estadísticas sobre déficit y deuda públicos elaboradas por las autoridades valencianas.

La CE dijo entonces que iba a examinar si la información errónea fue publicada de manera "deliberada" o si fue "una grave negligencia" en la declaración de los gastos de la región para ver si esto pudo tener un impacto en los datos oficiales de déficit y deuda "durante varios años".

El pasado abril la CE explicó que el montante de la multa se había rebajado en consideración a la total colaboración de las autoridades españolas y que éstas tomaron medidas como reforzar el escrutinio sobre los datos regionales.