«El objetivo principal es devolver la sanidad a lo público». Ya lo dijo Carmen Montón los primeros días como consellera de Salud Pública. La intención de revisar los contratos de los centros con gestión privada ha sido aireada desde la campaña por los partidos que conforman el equipo de gobierno de la Generalitat. Ahora, tienen la opción de hacerla realidad.
En una entrevista a Montón, la consellera ya anunció que «exigiría el cumplimiento de los contratos» con la amenaza de pasar «a la siguiente fase» si no se consiguieran las exigencias de la Conselleria.
Hasta ahora, la responsable de Sanidad ha cumplido con lo que advertía. El pasado lunes comenzaron las tramitaciones para la emisión de las nuevas tarjetas que volverían a incluir a los inmigrantes irregulares en la asistencia primaria. Su compromiso con el sector público ha quedado patente durante sus primeras semanas en la Conselleria, a pesar del recelo de algunos sectores que podrían sentirse fuera del torbellino levantado por Montón.
De hecho, la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) constituyó el pasado martes su grupo de trabajo de Sanidad, dentro de la Comisión de Cooperación Público Privada. El acto se produjo sin la presencia de ningún miembro de la administración, a pesar de que la CEV invitó a la consellera. Tanto el colectivo de empresarios como la propia administración quitaron hierro al asunto, achacando la ausencia de Montón a «compromisos de agenda», según fuentes de la CEV.
A pesar del entendimiento entre las partes, la confederación «echó en falta algún cargo de de Conselleria», dado el calado de la reunión y el momento político, en el que el sistema de gestión privada «estaba siendo cuestionado». El presidente de la CEV, Salvador Navarro, reiteró en esta cita, la necesidad de que la administración privatice la gestión de aquellos servicios en los que la actividad privada puede hacerlos más eficientes.
