La Generalitat descarta que la posible contratación de un veterinario suponga un coste económico extra a los festejos taurinos. «Que nadie piense que va a hacer el agosto», aseguró con rotundidad a Levante-EMV el director general de Seguridad y Respuesta de Emergencias, Josep Maria Àngel. La idea del Consell es reforzar al máximo la seguridad y nivelar la normativa de los toros de calle de la C. Valenciana a la legislación del resto de autonomías, donde es preceptiva la presencia de un facultativo.

Uno de los temores de los aficionados de Castelló es el encarecimiento de las fiestas, ya que el trabajo de este profesional debería ser costeado por las peñas. Ahora, la supervisión en los festejos depende de la Policía Autonómica y la contratación de un veterinario es voluntaria. La federación entiende que esta iniciativa la promueve el colegio de veterinarios para cobrar en las fiestas. Sin embargo, el director general de Seguridad asegura que este miedo es infundado y que esta medida no tendría un costo extraordinario. Subraya que no se aprobará ningún tipo de tasa para pagar al veterinario y advirtió al colegio de veterinarios, sin nombrarlo, que Generalitat estará al tanto para impedir que se impongan precios desorbitados.

La semana pasada también lanzó un mensaje a las peñas: «No me vale el pretexto de que se encarece la fiesta, 200 o 300 euros no son significativos, mientras el veterinario ofrece seguridad al animal y al acto».

La Federación de Aficionados de «bous al carrer» de la C. Valenciana apunta que el sobrecoste no es la principal preocupación en esta controversia. Remarca que se rechazan tajantemente la presencia de un veterinario en la fiesta porque piensan que ya existen suficientes controles en la actualidad. Destacan que sería un nuevo gasto «innecesario». En estos momentos, los toros son certificados por veterinarios antes y después de los festejos (en la ganadería de origen y en el matadero), mientras que en los festejos opera la Policía Autonómica y el director del festejo (un policía local o novillero). Las peñas sostienen que los certificados actuales aseguran un estado adecuado del toro.

La dirección general de Seguridad esgrime que hace falta la presencia de un experto en el propio festejo que certifique que el animal es tratado según las normas de seguridad. Esta obligación se aplica en otras comunidades con tradición de toros de calle como Cataluña, Navarra, la Rioja, Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía y Aragón, y la reivindican los veterinarios valencianos desde los años 90.

Con el veterinario se pretende, según el Consell, poner coto a irregularidades que se han detectado. «Es una figura clave para garantizar el buen trato de los animales y vigilar que no se produzca ninguna acción fraudulenta alrededor de la fiesta y el animal», afirmó Àngel a este diario. El colegio de veterinarios también subraya que es conveniente la existencia «in situ» de un especialista que vigile el animal e indique a los organizadores si el toro está en condiciones de participar o no. Àngel remarca que con más burocracia se quiere desmontar, además, las críticas de los animalistas, y asevera que el Consell avala los «bous al carrer» porque son una tradición secular. Los peñistas creen que los antitaurinos continuarán manifestándose contra los «bous al carrer» con independencia de los decretos de seguridad.