02 de septiembre de 2015
02.09.2015
Tribunales

Tres conselleries pidieron a Orange Market fraccionar facturas para eludir los concursos

La fiscal acorrala a Pablo Crespo, que no logra explicar por qué disponían de información sobre contratos antes de las adjudicaciones

02.09.2015 | 01:16
Tres conselleries pidieron a Orange Market fraccionar facturas para eludir los concursos

Tres «conselleries» del gobierno de Francisco Camps pidieron a los responsables de Orange Market fraccionar facturas para esquivar la obligación de convocar concursos. Se trata de las «conselleries» de Turismo, Territorio e Infraestructuras (dirigidos en 2005 -la fecha de los contratos cuestionados- por Milagrosa Martínez, Rafael Blasco y José Ramón García Antón). Una decisión que permitió adjudicar a dedo a la empresa Orange Market y sus empresas satélite contratos por valor de 324.000 euros para organizar el almuerzo del día de la Comunitat Valenciana en Fitur y crear los stands de Territorio e Infraestructuras en la feria sobre turismo de 2005.

El considerado como «número dos» de la trama Gürtel, Pablo Crespo, que inició ayer las dos jornadas dedicadas a su declaración ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ), incluso dio nombres y apellidos de los funcionarios que exigieron estas contrataciones irregulares. «Fernando Pérez Campos, director de gabinete del conseller de Territorio, y Francisco Solves Lázaro, jefe de la sección de Litoral de Infraestructuras, contactaron con Mónica Magariños (apoderada de Orange Market y también imputada), nos encargaron el stand y nos dijeron cómo debíamos facturar».

Territorio e Infraestructuras pagaron 47.250,88 y 51.658,89 euros por dos stands de 18 m2 , fraccionados en un total de diez facturas. «A mi me extrañó que lo solicitaran, pero los funcionarios nos advirtieron que no se podía facturar en conjunto porque deberían haber convocado un concurso y ellos nos indicaron hasta los conceptos [de las facturas]».

Este fraccionamiento irregular de los contratos, que en el caso de la Conselleria de Turismo se repetía año tras año con los «extras» que se producían en Fitur fue la única irregularidad que admitió Crespo a lo largo de las más de siete horas de declaración ante la Fiscal Anticorrupción, Ana Cuenca, y los letrados de las defensas de los otros doce acusados en el juicio contra la trama Gürtel por las contrataciones en Fitur.

Durante el resto de la jornada se dedicó a negar, de forma sistemática y elegante en la que no perdió los nervios en ningún momento, cualquier tipo de regalos a políticos a cambio de concursos (entre ellos el famoso reloj Hublot a Milagrosa Martínez alias La Perla). También aseguró que «jamás» se produjeron contactos de ningún tipo entre los trabajadores de las empresas del grupo Correa y la Generalitat Valenciana para favorecer adjudicaciones o amañar concursos.

Aunque el interrogatorio de tela de araña de la Fiscal Anticorrupción, Ana Cuenca, dejó en evidencia que tanto Special Events como Orange Market -del grupo Correa- no precisaban de esos contactos «ad hoc» porque ambas eran las empresas de cabecera del PP, en Madrid y en Valencia, para organizar todos los actos de los populares durante las épocas de los grandes fastos. Y el mismo Pablo Crespo fue secretario de organización del PP gallego entre 1995 y 2003. Crespo sólo titubeó cuando la fiscal lo acorraló contra las cuerdas al preguntarle por qué disponía de información privilegiada sobre detalles de los concursos que convocaba la Conselleria de Turismo para los stands de Fitur en sucesivos años. «No recuerdo cómo me llegó la documentación. Ignacio Blanch, Álvaro Pérez o Mónica Magariños lo recogerían de la Agencia Valenciana de Turismo», explicó. El considerado número dos de la presunta trama Gürtel, para quien la Fiscalía pide una pena de once años y seis meses de prisión por cohecho y tráfico de influencias, contraatacó a la representante del Ministerio Público en una de sus respuestas, al considerar a la Fiscalía Anticorrupción como impulsora de «actuaciones por las que Baltasar Garzón fue condenado», -incluso llegó a acusar al ex juez de haberlo «torturado»- motivo por el cual recibió un aviso de la presidenta del TSJ, Pilar de la Oliva, quien le pidió que se abstuviese de realizar esos comentarios, según informó al cierre de esta edición la agencia Efe.

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