Las comunidades autónomas no podrán conceder avales, reavales u otra clase de garantías públicas cuando superen en su conjunto el 1,5 % de su Producto Interior Bruto y además, cada operación no podrá superar los 25 millones de euros o el 0,1 % del PIB regional, salvo que soliciten y obtengan autorización del Consejo de Ministros. La Secretaria General de Coordinación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda adoptó ayer dos resoluciones para fijar estos límites tras la reciente reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, con el objetivo de que se cumpla el principio de sostenibilidad financiera.
La medida puede suponer un grave problema para el Consell de Ximo Puig, toda vez que, como reveló Levante-EMV en su edición de ayer, el Ejecutivo de Fabra entregó a Puig, en junio pasado, una Generalitat con 2.500 millones en avales, entre los concedidos por el Consell y los otorgados a través del Instituto Valenciano de Finanzas. Esa suma supera ampliamente el tope para la C. Valenciana, que estaría situado en un máximo de 1.500 millones en avales. El Gobierno impone el límite al temer que ésta sea una vía para que las comunidades autónomas incumplan el déficit.
