25 de septiembre de 2015
25.09.2015
Sanidad

Los pensionistas con menos de mil euros al mes y discapacitados no pagarán medicinas

La consellera de Sanitat Universal ha integrado en el sistema a 2.248 niños inmigrantes a los que se les cobraba la asistencia

25.09.2015 | 18:25
Los pensionistas con menos de mil euros al mes y discapacitados no pagarán medicinas
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Aunque no hay fecha prevista ni se sabe todavía cuantos serán los beneficiarios, la consellera de Sanitat Universal, Carmen Montón, anunció ayer en las Corts como «medida urgente en la recuperación de derechos» la eliminación del copago farmacéutico a los pensionistas con ingresos inferiores a mil euros , así como a las personas con discapacidad. La medida entró en vigor el 1 de julio de 2012.

La responsable sanitaria trazó ayer en la cámara parlamentaria las líneas que van a guiar su quehacer al frente de un departamento que, de entrada, arranca cada año con un déficit de 1.100 millones entre el gasto real anual y el presupuestado, una circunstancia evidente cada vez que se daba luz verde a los presupuestos, ya que partidas como la de farmacia siempre salían menguadas en relación al consumo real.

Montón también ha abierto la puerta de las técnicas de reproducción asistida en los hospitales de la red pública a las parejas de lesbianas y mujeres solas que fueron excluidas con el decreto 16 /2012 que dejaba fuera del sistema a los inmigrantes sin papeles.

En los primeros 87 días al frente del departamento, el nuevo equipo de la Conselleria de Sanitat Universal ha detectado un inclumplimiento flagrante de la legislación y de los derechos sanitarios: una bolsa de 2.248 menores (inmigrantes) cuya asistencia constaba como «facturable» en el sistema.

«No son casos aislados ni errores administrativos», precisó Montón que indicó que los 2.248 menores ya se han incluido como población protegida en el sistema, del que nunca tenían que haber salido, ya que el propio decreto que excluía a los «sin papeles» garantizaba la atención a los menores de 18 años. Sin embargo, la realidad era bien distinta, como ha denunciado reiteradamente Odusalud en sus trece informes.

La consellera se comprometió ayer a convocar la Oferta Pública de Empleo de los años 2014 y 2015, en total serán 1.216 plazas (435 de promoción interna y 781 de turno libre). En cuestión laboral, Montón informó a los parlamentarios el fin del «bolsín» como vía de contratación temporal y extraordinaria „era para contratos inferiores un mes„ que ha sido muy criticada por los sindicados al haberse convertido en la puerta abierta al abuso en materia de contratación.

Diabéticos
En su comparecencia, Montón también tuvo un hueco para aliviar el dolor y la incomprensión que han sufrido los diabéticos durante los últimos meses con las agujas adquiridas durante el último concurso que otras comunidades habían desechado por su mala calidad y de las que les pedían reiteradas pruebas para confirmar que ocasionaban dolor al ser más bastas.

En unos meses se harán públicas las cuentas de los cinco hospitales de titularidad pública gestionados bajo la fórmula de concesión administrativa por empresas privadas. Hay hospitales „solo pueden ser tres: Alzira, Torrevieja o Denia„ que no han presentado sus balances desde 2008 (los de Manises y Vinalopó son posteriores).

Aunque no lo mencionó expresamente, el plan de choque para acabar con la lista de espera quirúrgica puede tener ya fecha de caducidad, ya que la intención de la consellera es potenciar el autoconcierto entre los hospitales de la red pública para aligerar uno de los grandes talones de Aquiles de la sanidad pública, cuyos datos siempre han sido suceptibles de mantenerse ocultos.

La consellera informó que ha autorizado la construcción de la escalera externa de incendios del hospital La Fe, cuya obra finalizará en 2016, a fin de poder disponer de la licencia de actividad del centro hospitalario, cinco años después de haber sido inaugurado.

En cuanto al complejo hospitalario de Campanar, Montón indicó que todos los informes que existían se han remitido al Colegio de Arquitectos de Valencia para tener una opinión «independiente» sobre de la situación real de los edificios y su uso sanitario.

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