Los criterios usados en la planificación o arreglo escolar —cierre, creación o habilitación (apertura provisional) —de aulas en la enseñanza pública para este curso, que ya casi ha consumido su primer mes de clases, centraron ayer el debate en la Comisión de Educación de las Corts.

Mientras el conseller del ramo, Vicent Marzà (Compromís) y la portavoz popular, Beatriz Gascó, se acusaban mutuamente de abrir o suprimir unidades en base a criterios políticos, la responsable de Educación de Podemos, Sandra Mínguez, instaba al conseller «a estar bastante atento en la matriculación del próximo curso 2016-17 para evitar que la enseñanza concertada seleccione a su alumnado».

Mínguez, profesora de Matemáticas en un instituto público antes de estrenarse como parlamentaria tras las elecciones del pasado mayo, resalta que «los alumnos con Necesidades Educativas Especiales (NEE), los inmigrantes o los de rentas bajas deben tener las mismas oportunidades que el resto» en el acceso a los centros educativos sostenidos con fondos públicos.

En este sentido, Marzà respondió que «quizás los centros privados concertados deberían estar en el arreglo escolar con los mismos criterios que los públicos», pues no estan afectados por esta planificación pese a estar sostenidos con fondos públicos.

Casi 400 unidades habilitadas

El conseller detalló en la comisión que de las 395 aulas habilitadas para este curso, únicamente 47 unidades han sido creadas por el actual Consell pues el grueso de la planificación lo hizo en marzo el anterior Gobierno a partir de la previsión de matricula.

Explicó que estas habilitaciones responden a criterios como mayor matrícula real de la estimada o más demanda de unidades de enseñanza en valenciano (cuatro) o en castellano (dos).

Gascó, que en la pasada legislatura fue directora general de Innovación Educativa y Política Lingüística, recriminó a Marzà que abra nuevas unidades en Alaquàs, Burjassot, Ontinyent y Castelló con ratios de 15 alumnos por aula cuando hay plazas vacantes en estos municipios al permitir la ley hasta 30 niños por clase.

Llegados a este punto, la portavoz de Podemos cuestionó que Gascó supiera qué es estar en un aula con 30 alumnos en Primaria, 36 en ESO o 42 en Bachillerato. Respecto a la reducción de las ratios máximas para este curso que el Gobierno anunció en agosto, Marzà anunció que «la bajada se aplicará de forma progresiva», pero la vinculó a «la mejora progresiva de la financiación autonómica».