El nombramiento de Rubén Alfaro, como presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias ha puesto fin al reparto institucional de cargos tras el 24M, una distribución del poder que, pese al cambio político operado en la Comunitat Valenciana, no ha corregido las desigualdades de género en la cúpula de las principales instituciones.
Una mujer, la alcaldesa de Castelló, Amparo Marco, es la excepción de una mapa político que evidencia la hegemonía de los hombres en los puestos de máxima responsabilidad, la asignatura pendiente de las políticas de igualdad de género que no han corregido las fuerzas políticas de izquierdas que han hecho posible el cambio. Es más, PSPV y Compromís, que se necesitan mutuamente para controlar las distintas instituciones, han contribuido y mucho a esa foto fija monocolor.
En un círculo privado la vicepresidenta del Consell, Mònica Oltra, comentó en el momento más tenso antes de firmar el pacto del Botánico, que ella no quería ser la mujer que hiciera presidente de la Generalitat, de las Corts y alcalde de Valencia, a tres hombres.
Sin embargo, a pesar de esta reflexión, la realidad es que los cargos institucionales más importantes están ocupados por varones. Como resultado del bipartito PSPV-Compromís los varones ocupan la presidencia de la Generalitat, de las Corts y de la Diputación de Valencia. El proceso de confección de las listas municipales y los posteriores acuerdos postelectorales han dado como resultado que tanto los ayuntamientos de Valencia y Alicante estén dirigidos por varones. La excepción es Amparo Marco en Castelló.
El PP completa el mapa político patriarcal con la elección de César Sánchez y Javier Moliner, como presidentes de las diputaciones de Alicante y Castelló, respectivamente. La octava pieza masculina es el delegado de Gobierno, Juan Carlos Moragues. Además, todos los entes estatuarios (Sindicatura de Comptes, de Greuges, Jurídic Consultiu, Acadèmia, Consell Valencia de Cultura y Comité Económico y Social) están dirigidos por varones.
