Con la Ley de Coordinación de las diputaciones de 1983, el Consell de Ximo Puig tiene derecho a entrada restringida en las corporaciones provinciales. Para convertir a estas instituciones decimonónicas en una pseudoconselleria adosada a la Generalitat, se cambiará esa ley en el primer período de sesiones de 2016. Lo anunció ayer el presidente en las Corts, quien habló de «hacer más efectiva su labor» en el uso de los recursos públicos. En respuesta al síndic de Compromís, Fran Ferri, quien preguntó por el camino que tiene previsto en su plan de ir vaciando de contenido las diputaciones, Puig defendió que la Administración «en cuatro niveles» no se sostiene y por eso apuesta por transferir competencias al Consell, ayuntamientos y mancomunidades.

En la reforma constitucional que defiende Puig, «cada comunidad debe definir su espacio territorial». El plan de libros de texto gratis, con aportación de dinero provincial, es un ejemplo, para Puig, de coordinación de funciones. «No es de recibo que instituciones ya superadas permanezcan como cuestión sagrada», comentó, para sentenciar que no existe el «gobierno provincial; los gobiernos surgen de las urnas». Puig lamentó que en los 20 años de PP, las tres diputaciones «han estado muy ensuciadas y muy desacreditadas por la gestión del PP» y el «clientelismo». Fran Ferri habló del «saqueo» de las instituciones, con los tres presidentes afectados por «corrupción». «El último „por Rus„ habló de traer la playa a Xàtiva y puede acabar pasando sus vacaciones en Picassent», denunció.

El presidente de la diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, hizo ayer balance de los primeros pasos de su mandato: «en cien días hemos conseguido que los valencianos dejen de avergonzarse de la diputación». «Ha dejado de ser una institución unidireccional para escuchar a los municipios, como prueba el Plan de Inversiones „de 72 millones„ en el que los ayuntamientos han presentado casi 1.500 proyectos», dijo.