Tres entidades financieras han rechazado firmar el acuerdo con la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio para hacer frente y evitar los desahucios en la Comunitat Valenciana, al no estar de acuerdo con todos los puntos del documento, según explicó ayer la titular de este departamento, María José Salvador, tras la segunda reunión de la Mesa de Prevención de Desahucios. Según la consellera, Cajamar, Caixa Ontinyent y Caixa Popular sí han estado de acuerdo con los puntos pactados mientras que otras cuatro entidades trasladarán este viernes su decisión.

El acuerdo, alcanzado el pasado 29 de septiembre en la primera reunión de la Mesa de Prevención de Desahucios, insta a cada entidad financiera a nombrar a un interlocutor con la Generalitat para hacer un seguimiento de aquellas situaciones de impagos que puedan suponer riesgo de pérdida de la vivienda habitual del deudor para poner en marcha canales de mediación para encontrar una solución al problema.

Asimismo, compromete al banco a no instar los lanzamientos de las viviendas habituales de las personas, sin que se hayan agotado todas las posibilidades de negociación, hasta que entre en vigor la nueva ley de la Función Social de la Vivienda e insta a las entidades a ofrecer viviendas para que sean destinadas al alquiler social.

En esta segunda Mesa de Prevención de Desahucios han participado tanto entidades financieras, como organizaciones sociales como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca del País Valencià (PAH), la Confederación de Asociaciones de Vecinos y Consumidores de la Comunitat Valenciana, la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios y Amnistía Internacional.

Asimismo, de agrupaciones profesionales, han estado presentes el Colegio de Abogados, el Colegio de Registradores, el Colegio de Administradores de Fincas, el Colegio de Notarios y el Colegio de Agentes de la Propiedad, así como organizaciones sindicales CC OO, UGT e Intersindical.

Al respecto, la consellera Salvador destaca que esta segunda convocatoria se enmarca en una «situación de emergencia» y de «voluntariedad» para buscar medidas que hagan frente a esta problemática dado que ha lamentado que la Comunitat Valenciana es la segunda autonomía en número de desahucios.

Inquirida sobre los argumentos que han ofrecido los bancos para no firmar el documento, Salvador ha explicado que algunos no están de acuerdo con todos los puntos y plantean algunos matices. «Lo que no podemos hacer es un documento para cada entidad financiera diferente. El acuerdo es el que es y es un acuerdo único para todos», defendió la consellera.