02 de noviembre de 2015
02.11.2015

Compromís y PSPV exigen paralizar la reforma de la Ley de Enjuiciamiento

El diputado García Latorre reclama más medios para agilizar las causas criminales por corrupción

02.11.2015 | 04:15

Compromís ha presentado una Proposición No de Ley (PNL) en las Corts Valencianes en la que pide un incremento de las medidas contra la corrupción, en el ámbito de la Justicia. Asimismo, el pasado 21 de octubre presentó otra PNL en la que instaba al Gobierno central a derogar la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim).

Paco García Latorre, diputado de la coalición explicó ayer que mediante la PNL más reciente instan al Gobierno a modernizar los medios informáticos y a aplicar «mecanismos de refuerzo inmediato en causas especialmente complejas», sobre todo en los casos de corrupción. Además, también exigen que se agilicen trámites como las traducciones de conversaciones telefónicas o las comisiones rogatorias.
Estas son algunas de las necesidades existentes en el ámbito judicial que los decanos de los juzgados valencianos le trasladaron a Compromís en una reunión que mantuvieron, según explicó Paco García a este periódico.

Las propuestas pretenden mejorar la labor profesional tanto de los jueces como de los fiscales, y que la implantación de las modificaciones de la LECrim «no ponga el punto final a muchas causas», apuntó el diputado. Es por ello por lo que proponen que la Policía Judicial disponga «de medios adecuados y avanzados» y se incremente la plantilla, además de que se amplien los equipos especiales que investigan la delincuencia económica y financiera, con la incorporación de especialistas.
Además, Compromís también reclama que se facilite el acceso de la Policía Judicial a datos de la Agencia Tributaria o la Seguridad Social, trámite que ahora es «muy complicado».
La reforma de la LECrim establece plazos máximos para la investigación y la instrucción, como informó ayer Levante-EMV y supondría la revisión de más de 51.000 causas abiertas.
Desde Compromís consideran que las novedades de la norma „que está previsto que entren en funcionamiento a partir del 6 de diciembre„ «pueden poner en peligro a varias macrocausas judiciales por corrupción». Además, añaden que a pesar de que los delitos «son cada vez más complejos», la administración de justicia sufre «escasez de recursos económicos y de medios personales y materiales».

Estas dos PNL se suman a la que presentó el PSPV el 19 de octubre, en la que también piden que se paralice la implantación de la LECrim hasta que la Fiscalía «cuente con los medios personales, materiales e informáticos que posibiliten el cumplimiento de la norma».
Según Rosa Peris, con las modificaciones «no se pretende perseguir la alta delincuencia» y «los Bárcenas y Rato del futuro van a estar muy contentos», zanja.

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