24 de noviembre de 2015
24.11.2015
Inversión

Plan de choque del Consell para "dignificar" la vivienda social

Las diez medidas de Vivienda incluyen un plan de pago de la deuda tributaria con los ayuntamientos y una intervención integral en zonas conflictivas de los municipios

24.11.2015 | 16:46
Plan de choque del Consell para \"dignificar\" la vivienda social
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Vídeo: Levante TV

La Conselleria de Vivienda pondrá en marcha diez medidas de choque para la gestión de las viviendas públicas de la Generalitat, que incluyen un plan de pago de la deuda tributaria con los ayuntamientos y una intervención integral en zonas conflictivas y deprimidas de los municipios.

Así lo ha anunciado hoy la consellera de Vivienda, María José Salvador, en un desayuno informativo con los medios de comunicación, quien ha señalado que estas medidas pretenden "dignificar", y pasar a la "intervención" y del "expediente a las personas" en materia de viviendas social tras "20 años de abandono del gobierno del PP".

Según ha explicado la consellera, la Generalitat realizará una política decidida de inversión en el Parque Público de Viviendas, que actualmente cuenta con 14.000 viviendas, 689 de ellas vacías, y en las de propiedad de la Entidad de Infraestructuras de la Generalita (EIGE), un total de 1.042.

Para ello se ha puesto en marcha una política decidida de inversión en el parque público de viviendas, con actuaciones de reparación, la intensificación de la conservación ordinaria, y una inversión extraordinaria en la regeneración y renovación urbana de ocho grupos de viviendas públicas en Alicante, Elche, Castellón, Sagunto, Alcoi, Almassora y Paterna.

El Consell asumirá las obligaciones tributarias con los ayuntamientos, y ha presupuestado 1,5 millones de euros para abonar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) del año 2016. Además, elaborará un plan de pagos para abordar la deuda de 7,5 millones de euros acumulada desde el año 2009 con los municipios.

Se realizará igualmente una campaña informativa sobre las bonificaciones para las personas que vivan de alquiler (hasta el 90 % de la renta); y respecto a la deuda acumulada, se pagará una cantidad asumible por los ingresos familiares en colaboración con los Servicios Sociales municipales.

La Generalitat abordará asimismo el problema de los grupos más conflictivos y zonas deprimidas mediante un Plan de Intervención Integral Sostenible (PIInS), que hasta la fecha se ha propuesto a los municipios de Elche, Alcoi, Sagunto, Alzira, Burriana, Riba-Roja y Paterna, para evitar "guetos".

En cuanto a las viviendas promovidas por la Generalitat en régimen de alquiler, un total de 1.042, con una elevada tasa de desocupación (más del 45 %) y de morosidad, se ha elaborado un Plan para la Ocupación de Viviendas, con acciones de coordinación con los ayuntamientos, mejora y reparación de elementos comunes, y de información, que ya se ha iniciado en Gandia.

El Consell diseñará también una propuesta de precios de alquiler que se adapte a las circunstancias económicas de las personas, que se pretende implantar en el primer trimestre de 2016, y se incluirá el alquiler cooperativo, "modelo Quebec".

Trabaja además en flexibilizar el acceso a las viviendas protegidas de promoción pública de la EIGE que posibilite el régimen de venta, alquiler o alquiler con opción de compra, y adoptará medidas para ocupar las viviendas en régimen de compra-venta, un total de 330, mediante la revisión del precio de los módulos para ajustarlo al mercado.

Salvador ha informado asimismo de que en el caso de los desahucios "se primará la imposibilidad de pago", y se estudiará cada caso junto a los Servicios Sociales municipales.

La consellera ha lamentado que solo tres entidades bancarias, Cajamar, Caixa Ontinyent y Caixa Popular se hayan sumado a la propuesta de la Generalitat para firmar un primer acuerdo que ponga a disposición del Gobierno valenciano viviendas vacías, y que mientras se tramitaba la Ley no se produjeran desahucios.

La futura Ley por la Función Social de la Vivienda, cuyo anteproyecto está previsto que se presente el próximo mes de diciembre, establecerá medidas sancionadoras para las entidades financieras que, de forma voluntaria, no ofrezcan viviendas vacías para un alquiler social.

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