Durante muchos años el Consell del PP presumió de ser muy generoso con los valencianos al ofrecerles una variada carta de deducciones fiscales y de no 'castigarles' con subidas de impuestos. El dinero, repetían los dirigentes populares, debía estar en el bolsillo de los ciudadanos y no en las arcas autonómicas a pesar de las dificultades financieras de la Generalitat. Sin embargo, las ventajas fiscales de vivir en la Comunitat Valenciana no eran tantas.
El informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sobre los presupuestos de 2016 de las comunidades autónomas dibuja un panorama más lúgubre, acorde con la complicada situación de la Generalitat. Lejos de estar a la cabeza de las autonomías que más impuestos perdona, la Comunitat Valenciana ocupaba en 2014, último año completo de legislatura de Fabra, el tercer lugar de las autonomías con mayor presión fiscal, mientras que el coste de los beneficios y exenciones fiscales estaba por debajo de la media.
Es más, si el Consell hubiera anulado todas las deducciones fiscales que puso a disposición de las familias apenas habría reducido cuatro décimas su déficit. Por su puesto, acabar con estas ventajas (muchas de ellas van dirigidas a familias numerosas o a personas con discapacidad, ya que en 2013 se recuperó el impuesto de Patrimonio bonificado al 99%) no habría servido al Consell de Fabra para cumplir con el objetivo de déficit, fijado ese año en el 1%. Valencia cerró con el 2,39%. Según los datos recogidos por la AIReF, la reducción de la recaudación en los tributos cedidos derivados de medidas normativas aprobadas por el Consell no llegó al 0,4%. De las quince comunidades analizadas, Valencia se situó en la lista de las siete autonomías con menor ahorro fiscal para los valencianos.
La situación fue muy diferente para otras autonomías como Madrid, la Rioja o Cantabria que si hubieran renunciado a su política de beneficios fiscales habrían cumplido con el objetivo de déficit del 1%, ya que habrían aumentado su recaudación y compensado el exceso de gasto. El caso de Madrid es paradigmático. Podría haber cerrado sus cuentas sin desfase entre ingresos y gastos, pero al renunciar a recaudar determinados tributos propios disparó el déficit hasta cerca del 1,9%.
El informe del AIReF , que tal como publicó ayer este diario cuestiona los primeros presupuestos de Ximo Puig por incluir una partida inexistente de 1.300 millones de euros en concepto del nuevo modelo de financiación, certifica que, en materia tributaria, es difícil hacer reproches al Consell al margen de que la exigencia de recortes.
Hace unos días, el presidente de la Generalitat presentaba las bases de un modelo de financiación para toda España en el que abogaba por el hecho de que aquellas autonomías que ejercieran al alza las competencias tributarias tuvieran una recompensa en las transferencias del Estado. La Comunitat estaría entre las premiadas en 2015 como consecuencia de su política fiscal en los impuestos que gravan la compra venta de la vivienda.
En concreto, la C. Valenciana es la que mantiene los tipos más altos en el impuesto de transmisiones patrimoniales y en de actos jurídicos documentales. Madrid, por contra, tiene los tipos más bajos en los llamados impuestos del ladrillo.
