Lo han plasmado en un decálogo que han presentado antes de las elecciones con el objetivo de "mejorar la contratación" pública de los servicios sociales. Así lo explicaron ayer el director general de la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a personas dependientes de la Comunitat Valenciana (Aerte), José María Toro y los resposnables de UGT y CC OO Miguel Usço y Alfonso Valero en la presentación de un documento que pretende mejorar las condiciones y lso servicios en las 31 residencias y centros de día de titularidad pública, pero gestionados por empresas privadas.

Estas licitaciones suponen un desembolso para la Generalitat Valenciana de 250.000 millones cada cuatro años y unos 5.000 empleos para un sector al que le deben 80 millones. Toro, sin embargo, aseguró ayer que esta deuda se saldará antes del 15 de diciembre, con el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).

El decálogo incluye medidas como la elaboración de un estudio actualizado de los costes que generan los concursos; la limitación a la baja de las ofertas económicas; la ampliación del porcentaje de valoración establecido sobre criterios subjetivos; la mejora y ampliación de los servicios de inspección; la mención en los pleigos de condiciones de los convenios colectivos de aplicación para que existe la obligación de subrogar mal personal adscrito al servicio; la inclusión de claúsulas sociales; un plan inversor para la reposición de instalaciones; el establecimientos de un calendario de pagos; compromiso con al contratación indefinida y al apuesta por la formaciónd e las plantillas de las empresas que participan.