De nada han servido las quejas de jueces y fiscales ni las proposiciones no de ley. Hoy se cumplen cuatro días de la entrada en vigor de las modificaciones de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), después de que el gobierno de Mariano Rajoy hiciera caso omiso a las innumerables peticiones para derogarla o retrasar su puesta en funcionamiento hasta que los juzgados cuenten con más medios.
Una de las novedades más criticadas es la limitación en los plazos de instrucción, que tendrán que durar seis o 18 meses, dependiendo de si la causa es calificada como sencilla o compleja. Además, como ya informó Levante-EMV, la normativa obliga a la revisión de todos los casos abiertos. En la Comunitat Valenciana supone repasar uno a uno casi 50.000, según fuentes judiciales de CSIF.
Este sindicato apunta que las revisiones ya se realizan, lo que aumenta la carga de trabajo de unos juzgados ya saturados y no soluciona el «mal endémico» de los órganos judiciales españoles: la falta de medios. «Parece que los políticos no tienen una voluntad clara de dotar de medios a Justicia», apuntan.
Desde los juzgados también temen que las pruebas no lleguen a los juicios, ya que no habrá tiempo para «profundizar lo suficiente en los delitos», de lo que se beneficiarán las personas investigadas y saldrá perdiendo la ciudadanía, aseguran.
Santiago Alegre, responsable de Justicia del sindicato UGT-País Valencià, también apunta en esta dirección. «No se podrá llegar a juicio con las pruebas necesarias», y explica que los juzgados no son los responsables del retraso de las instrucciones. «Informes y resultados forenses tardan meses o años y son fundamentales para resolver un procedimiento», explica Alegre, quien añade que la revisión de las causas es un trabajo «concienzudo y peliagudo».Susana Gisbert, portavoz de la fiscalia provincial de Valencia, afirma que la revisión que se empezó hace días se está haciendo «con la mayor voluntad posible y la más absoluta carencia de medios». Además de complejas causas de corrupción y grandes delitos económicos, pequeños casos también pueden verse afectados.
Ocho o diez meses después
Gisbert explica que a veces encontrar un testigo cuesta y que una prueba de ADN o un volcado de datos telefónicos llegan ocho o diez meses después. «No está claro qué sucederá cuando pasen los seis meses: ¿se acusa o no a alguien sin pruebas?», se lamenta.
Los jueces de España calificaron en su reunión anual de «inadmisible» la limitación de los plazos. Afirman que se trata de medidas «poco comprensibles» que tendrán un efecto «sumamente negativo». Ellos también se quejan de la «permanente escasez de personal y medios» y recuerdan que los tiempos de instrucción judicial no sólo dependen del trabajo del juez, sino de médicos, forenses, policías, traductores, péritos... y muchas veces también de órganos judicialez extranjeros a los que piden datos.
En palabras de Pedro Viguer, decano de los jueces de Valencia, esta ley «transmite la idea de que son los jueces los responsables de la lentitud de los procedimientos», cuando ellos solo sufren la falta de medios.
Según Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia, los juzgados van a tener «muchas dificultades para cumplir los plazos», sobre todo los valencianos, que antes de esto ya trabajaban al 200 % de su capacidad, matiza.
