Las sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en relación al Catálogo Viario de la Generalitat, por el que se transfirió a los ayuntamientos la titularidad de decenas de carreteras y viales que suman casi 3.000 kilómetros de vías, han sido favorables, hasta ahora, a las tesis del Gobierno valenciano y llegan, además, con un regalo envenenado: la sentencia incluye el pago de costas por los ayuntamientos recurrentes.
El Catálogo del Sistema Viario de la Comunitat Valenciana, en vigor desde el pasado 16 de abril, supuso de facto la transferencia a los municipios de kilómetros de carreteras, caminos y travesías que dependían de la Generalitat y que a partir de ese momento su nueva señalización y mantenimiento pasaban a ser competencia local.
Las protestas de los ayuntamientos, que fundamentalmente argumentaban en contra del nuevo catálogo razones de tipo económico, tan solo provocaron en la conselleria de Infraestructuras, dirigida entonces por Isabel Bonig, una cierta disposición a aplazar unos meses la transferencia, aunque sin renunciar al fondo de la disposición, que aligeraba carcas a la Generalitat para transferirlas a ayuntamientos con graves problemas de financiación.
En las últimas semanas han comenzado a dictarse las primeras sentencias frente a la avalancha de recursos que se presentaron en los primeros meses de 2013 contra el Catálogo Viario de la Generalitat Valenciana.
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha rechazado parcialmente el recurso presentado por el Ayuntamiento de Benidorm contra el catálogo y aceptado una petición expresa al declarar «no conforme a derecho» en el anexo de vias transferidas la cesión del vial 7673 que forma parte de los accesos a Terra Mítica.
No obstante, el TSJCV desestima la petición de nulidad del conjunto del decreto. La anulación de la cesión permite que el ayuntamiento benidormí no tenga que hacer frente a las costas del juicio.
En el caso concreto de Benidorm, su ayuntamiento calculó un coste para las arcas municipales de 400.000 euros al año para mantener estos viales.Por eso, el Ayuntamiento recurrió el decreto del Catálogo del Consell ante el TSJ.
En las otras dos sentencias conocidas esta semana, que afectan a los municipios de Guardamar y Benijófar, el TSJCV desestima integramente el recurso contra el catálogo e impone a los ayuntamientos las costas causadas en el proceso, si bien limitando su cuantía a 800 euros, más el IVA correspondiente en conceptos de defensa y representación.
