La portavoz de Justicia del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, María José Ferrer San-Segundo, ha calificado de "irresponsable" la intención de la Generalitat de "desmantelar" las Oficinas de Atención a las Víctimas gestionadas por la Fundación FAVIDE.
En un comunicado, Ferrer San-Segundo asegura que esta medida "es peligrosa para la prestación de un servicio tan necesario" y que el tripartito "minusvalora el trabajo de asistencia que se viene desarrollando en estos centros".
La diputada popular considera que el Consell "debe definirse y explicar ya el modelo de atención a las víctimas", e insta a la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, a "decidir de una vez hablar con los trabajadores, no desviar la atención y reforzar sus servicios".
A su juicio, "no se puede mantener que la voluntad de protección de la mujer debe ir acompañada de dotaciones económicas y, a la vez, reducir ayudas y rechazar los incrementos de partidas solicitadas por el Grupo Popular".
Denuncia asimismo que "Puig, Oltra y Bravo son incoherentes y olvidan a las 20.000 víctimas al año atendidas" en estas oficinas.
Para Ferrer San-Segundo "la violencia de género y la asistencia a las víctimas del delito son gravísimos problemas que requieren actuaciones cada día, y "no pueden dejarse en la indefinición, paralización y dilación mientras se decide y refunda el modelo".
Considera asimismo que "tampoco cabe la municipalización" porque los ayuntamientos no cuentan con presupuesto y porque la ley exige la coordinación de los servicios, y recuerda que Ximo Puig, en diciembre de 2012, "mostró su preocupación por el personal adscrito a dichas fundaciones y por cómo se iban a asumir y continuar sus funciones".
La diputada popular lamenta que la consellera de Justicia "menosprecie" a los trabajadores que se han ido incorporando a la Tolerancia 0 y la lucha contra la Violencia de Género desde la creación de la primera Oficina de Asistencia a las Víctimas de España, en abril de 1985, cuando gobernaba el PSPV.
Recuerda además que el índice de satisfacción de los usuarios del servicio y de los jueces y fiscales "supera el noventa por ciento".
Para la portavoz de Justicia del grupo popular "no estamos hablando de un capricho o una mera cuestión de voluntad política sino de una obligación legal recogida en el Estatuto de la Víctima que ordena prestar una asistencia próxima, integral y coordinada".
La diputada defiende por último que no se puede mantener que la voluntad de protección de la mujer debe ir acompañada de dotaciones económicas y, a la vez, "votar rechazar incrementos presupuestarios para la asistencia a las víctimas como hace el tripartito".
