07 de febrero de 2016
07.02.2016
Datos

Los números del caso Brugal

Tras ocho años de investigaciones, un total de ocho magistrados han pasado por el proceso - El trasiego de instructores, que firmaron un total de 112 autos ha provocado que las defensas cuestionen el procedimiento

07.02.2016 | 03:27

La investigación por las presuntas irregularidades en la tramitación de la ubicación del vertedero de la Vega Baja ha tenido esta semana un nuevo impulso al dictar la magistrada del caso, Rosa María Villegas, el auto de pase a procedimiento abreviado, por el que se ve indicios de delito en 14 de los implicados y se emplaza a las partes que presenten escritos de acusación contra ellos. A continuación, repasamos algunas de las cifras más relevantes del proceso.

112 autos que autorizaban pinchazos telefónicos
Mes a mes durante casi tres años se estuvieron prorrogando las escuchas para los distintos investigados y se pincharon una treintena de teléfonos. El juzgado ha dictado hasta 112 autos autorizando escuchas.

8 años de instrucción desde que se abrieron las diligencias
La investigación judicial arrancó en el año 2007 para aclarar si hubo sobornos para adjudicar la contrata de basuras en Orihuela. Los pinchazos revelaron aún más irregularidades.

14 imputados a los que la juez envía al banquillo
En el auto de procesamiento, la juez ve indicios de delito en la actuación de catorce investigados (anteriormente llamados imputados) en la trama del Plan Zonal, entre ellos el expresidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, la exalcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, el exportavoz socialista en la Diptutación, Antonio Amorós, y los empresarios Ángel Fenoll, su hijo Antonio Ángel, Enrique Ortiz, Vicente Gregory, entre otros. La causa se ha archivado para otras seis personas.

2 fiscales anticorrupción para investigar la causa
La magnitud del caso Brugal ha sido tan grande que al final hay dos fiscales anticorrupción dedicados a ella, Felipe Briones y Pablo Romero.

8 jueces de instrucción a lo largo de todo el proceso
La duración de la investigación ha provocado la sucesión de jueces a lo largo del proceso. Hasta ocho jueces diferentes han estado a cargo de la investigación, prácticamente un juez por año. Este vaivén de jueces ha motivado que algunas defensas hayan denunciado falta de control judicial de las escuchas y pedido su nulidad.

20 piezas separadas en varios juzgados
La investigación se ha dividido en 20 piezas separadas. De ellas siguen abiertas las referidas al Plan Zonal y a las basuras de Orihuela, otra por los residuos de Calp y las que afectan al PGOU y al Plan Rabasa de Alicante. Otra pieza, que investigaba filtraciones de una funcionaria de la Agencia Tributaria a asesores del entorno de Ángel Fenoll, acabó en condena el pasado septiembre.

7 empresas a las que se pide responsabilidad civil
La juez de la rama del Plan Zonal ha emplazado a siete empresas de las que son responsables algunos de los imputados para que se personen en la causa por si tiene que hacer frente al pago de indemnizaciones en el caso de que fueran condenadas cuando se celebre la vista oral. Las empresas son Proambiente, Sufi, Cespa, Ortiz e Hijos, Autisa, Alternativas Medioambientales y Novalis, según el auto.

6 delitos que se les podrían imputar a los acuados
La juez considera en el auto que hay indicios de seis delitos por los investigados. Ahora son las acusaciones las que deberán concretar qué imputan a cada uno de ellos.

Los delitos son prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a los funcionarios, fraude a la Administración y revelación de información privilegiada.

1.157.305. El dinero público perdido por la Administración
La juez responsable del procedimiento ha puesto cifra a los perjuicios económicos causados a las arcas públicas por las personas investigadas a causa de sus presuntos manejos de recursos en el Plan Zonal: más de un millón de euros gastados por un proyecto que se puso en marcha en 2005 para gestionar más de 200.000 toneladas de residuos sólidos urbanos de 27 municipios con una población superior a los 400.000 habitantes y que finalmente se ha quedado en nada, según los argumentos de la magistrada en la resolución judicial. Aún hay abiertos contenciosos por todo el proceso administrativo.

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