Mayo de 2012. El Consell de Alberto Fabra se encontraba con el agua al cuello, con decenas de proveedores haciendo cola a las puertas de la Generalitat. Tal era la agonía financiera que hasta la nómina de los funcionarios estuvo a punto de no pagarse. El año arrancó con una llamada de socorro por parte del Ejecutivo en la que se reconocía públicamente una cifra de 2.500 millones de euros de deuda con sus proveedores. En tales condiciones, (una infrafinanciación histórica y con los ingresos en caída libre) sólo una intervención de emergencia por parte del Gobierno central podía salvar al Consell de la bancarrota.
Y el rescate llegó y lo hizo por dos vías: el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) y el Plan de Pago a Proveedores. Pero el dinero del Estado ni venía regalado ni libre de condiciones. El requisito para que el Gobierno autorizara el manguerazo a la Comunitat Valenciana era que los gastos presentados se encontraran devengados, registrados y pendientes de pago en diciembre de 2011, es decir, no podían permanecer en los cajones. Debían ver la luz y, alguien del Consell de Fabra hizo una llamada para destapar una realidad oculta desde hace años en la contabilidad de la Generalitat, para destapar las miles de facturas, sobre todo sanitarias, que se apilaban en los cajones.
Una llamada de teléfono. De esta manera se enteró la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) de que los gastos declarados en 2011 y ejercicios anteriores por el Consell no eran correctos, y que la desviación al alza era de nada menos que de 1.891 millones.
El detalle de la comunicación telefónica queda recogido en el Informe elaborado por la IGAE con motivo de la multa que la Unión Europea ha impuesto a España por la manipulación de los datos del déficit en la C. Valenciana mediante la ocultación sistemática de una parte del gasto sanitario, irregularidades cometidas durante 20 años. El documento forma parte del expediente que acaba de recibir el Ejecutivo de Ximo Puig y que incluye un oficio en el que el Gobierno en funciones de Rajoy aprieta a la Generalitat para que asuma ya la multa. Y es que esa llamada (realizada a principios de mayo de 2012) fue la que dio origen al procedimiento de investigación que ha acabado en una sanción de 19 millones de euros. Tras la peculiar comunicación de la Generalitat, la IGAE lo puso en conocimiento de Eurostat. La previsión de déficit hubo que revisarse y en julio de 2014 la CE abrió su investigación.
Ahora el cerco se estrecha para el gobierno de izquierdas, al que el Ejecutivo central quiere endosar el pago de la multa. El departamento que dirige Vicent Soler ha recibido un oficio en el que le da diez días para que presente alegaciones. Soler, ayer, dejó claro que el Consell plantará cara ya que ve «inadmisible» pagar «los platos rotos de la catastrófica gestión llevada a cabo por los Ejecutivos del PP, que convirtieron la ocultación de facturas y gastos en una práctica habitual». Soler combatió el argumento de la IGAE sobre su supuesta ignorancia de lo que ocurría en la C. Valenciana. Así, la Intervención esgrime que entre 2008 y 2012 no contó «con poderes suficientes para comprobar la cuantía y contabilización del gasto por parte de las comunidades autónomas, ya que sus competencias se limitaban a elaborar las cuentas con la información presupuestaria que le remitían las comunidades.
«A lo sumo, solicitaba aclaraciones en los datos recibidos, para que estos fueran confirmados por la intervención correspondiente», alega. Este acto de fe respecto a los datos que daba la Generalitat y la anécdota de la llamada telefónica ha indignado al conseller: «El ministerio no puede hacer dejación de sus responsabilidades, máxime cuando la situación era de sobra conocida, los informes de la Sindicatura se trasladaban al Tribunal de Cuentas y su contenido se difundía públicamente y por cauces oficiales», recordó. «Se tiene que hacer cargo de la multa, porque era responsable de supervisar los datos de déficit», añadió.
El Gobierno paga pero pasa la factura a Puig
La dirección general de Fondos Comunitarios dio órdenes el pasado 25 de enero para el ingreso en las cuentas europeas de los citados 18,93 millones de euros, un dinero que voló rumbo Bruselas el pasado 28 de enero. Sin tiempo que perder, la secretaria general de Coordinación Autonómica y Local, Rosana Navarro, ha enviado un oficio a la Generalitat para informar de que ha activado el procedimiento para repercutir la multa a la s arcas autonomicas la multa. Da un plazo de diez días a la Administración valenciana para que formule las alegaciones pertinentes. Una formalidad, ya que es prácticamente imposible que el Gobierno acepte unas alegaciones que ya han sido expuestas por el Consell.
Según el procedimiento de repercusión de responsabilidades, el siguiente paso es un acuerdo del Consejo de Ministros reclamando formalmente el pago. La Generalitat se expone también al pago de intereses, ya que el Estado se los reclamará tomando como referencia el momento en que se canceló la deuda.
