La familia de J. B. G., que falleció en enero de 2011 tras esperar once horas a ser intervenido de urgencia en el Hospital General de Valencia, ha aceptado recibir 75.000 euros de indemnización por estos hechos y retirarse del proceso judicial contra cuatro profesionales del centro por un presunto delito de homicidio por imprudencia grave. El acuerdo económico no supone, sin embargo, el cierre del procedimiento penal que sigue adelante y en el que el fiscal está reclamando penas de 1 año y 3 meses para cada uno de los cuatro facultativos imputados.

Según explicó ayer Javier Bruna, abogado del Defensor del Paciente que ha ayudado a la familia en el proceso, el titular del juzgado de Instrucción número 18 de Valencia debe decidir todavía si estima el escrito de acusación de la Fiscalía contra los cuatro médicos y los sienta en el banquillo como acusados.

El acuerdo de indemnización a la familia se cerró el pasado mes de diciembre con las aseguradoras que respaldan a los facultativos, dos de ellos neurocirujanos. Para el abogado de El Defensor del Paciente, la indemnización era «razonable» teniendo en cuenta las patologías del paciente. Según explicaron las mismas fuentes, J. B: G. de 72 años, ingresó de urgencias en el Hospital General de Valencia en la madrugada del 14 de enero de 2011 remitido desde el Virgen de los Lirios de Alcoy. Se había caído en su casa y llegó con un traumatismo craneal e hipertensión endocraneal, por lo que debía ser intervenido de forma urgente. El traslado fue aceptado con el neurocirujano adjunto de guardia aquella noche.

Sin embargo, una vez llegó la ambulancia al centro, a las 3.34 de la madrugada, según se recoge en las diligencias judiciales, el paciente fue valorado inicialmente por un médico «quien lo destinó a una cama en observación» donde permaneció cerca de 11 horas «sin ser reconocido ni valorado por ningún facultativo del servicio de neurocirugía». La cirugía necesaria le fue practicada pasadas las 15 horas de ese mismo día. El paciente no pudo superar el postoperatorio falleciendo en la UCI el día 16 de enero.

Según el abogado, el informe forense aportado en los 4 años de instrucción «habla de una imprudencia penal ya que fue claramente desatendido pese a su gravedad».