La denuncia sobre la facturación falsa del grupo Avialsa y la Fundación Medioambiental Huerta de la Comunitat Valenciana llegó formalmente a la Conselleria de Gobernación y Justicia el 29 de octubre de 2013. El 2 de diciembre de 2013, el departamento remite un «acuse de recibo» al denunciante. En la escueta respuesta la conselleria informa que «el asunto referido en el escrito recibido el 29 de octubre se incluirá entre los temas a tratar en la próxima reunión de la Comisión del Protectorado, a fin de que ésta adopte la decisión que tenga por conveniente». El detalle curioso es que este acuse de recibo aparece rubricado por el entonces secretario autonómico de Justicia, Antonio Gastaldi, fiscal en excedencia en aquella época, y de quien dependía el Protectorado de Fundaciones de la Generalitat.
Este silencio sepulcral de la Conselleria de Gobernación y Justicia se explicita en la denuncia que se presentó después ante la Fiscalía Anticorrupción. «Desde la Conselleria presidida por el señor Castellano no se abrió ninguna investigación limitándose a notificar que el asunto sería tratado en la siguiente reunión de la Comisión del Protectorado». Unas gestiones de las que nunca más se supo. Tampoco se dio traslado de los hechos a la Fiscalía o a la Agencia Tributaria, por lo que «los hechos quedaron silenciados» ante la justicia, a pesar de las revelaciones que Levante-EMV continuó publicando. El 4 de octubre de 2014 se presentaba formalmente una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción en Madrid que derivó las diligencias a la de Valencia en el más absoluto sigilo. Siete meses después, el 29 de mayo de 2015, el delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana Serafín Castellano era detenido.
