La vicepresidenta provincial Maria Josep Amigó (Compromís) explicó ayer que la Diputación de Valencia «tiene la voluntad» de personarse en la macrocausa de la red de presuntas comisiones orquestada en torno a Alfonso Rus cuando se levante el secreto de sumario de la investigación que lleva el Juzgado de instrucción 18 de Valencia. Un caso en el que se dirimen las supuestas mordidas a cuenta de los millonarios planes de infraestructuras deportivas (34,1 millones), así como el de instalación de bombillas leds (otros 30 millones). El objetivo es «poder exigir todas las responsabilidades, tanto civiles como penales», aseguró la representante de Compromís, quien añadió que esto irá en beneficio «de la institución y de todos los ciudadanos».

El presidente provincial, Jorge Rodríguez, afirmó, por su parte, que con la representación judicial en la causa se pretende que el dinero «que se haya estafado, una vez esté demostrado, se devuelva a las arcas públicas».

No obstante, a pesar de que el gobierno provincial manifestó su voluntad de que la institución se persone como acusación, no especificaron en ningún momento si pretenden actuar como acusación particular o popular. Tampoco otros detalles, como si esta iniciativa excluye la voluntad de Imelsa de seguir impulsando la causa desde dentro.

«Es importante que la diputación sea acusación», explicó Amigó, pero añadió «siempre que sea jurídicamente posible».

Por su parte, Rosa Pérez (EU) aclaró que este lunes compareció en el juzgado para ratificar su voluntad de personarse como acusación popular, como ya indicó el pasado 12 de febrero, ya que de momento no se ha formalizado su voluntad. Reconoció que pedir la «acusación particular tiene difícil encaje», por eso optó por la popular. En cualquier caso, fuentes jurídicas indicaron que para poder ser acusación, previamente deberá ser desimputada, una decisión que se hará efectiva en breve.