La Asociación de víctimas del metro 3 de Julio (Avm3j) ha pedido al Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia que cite a declarar como imputados a la ex gerente de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) Marisa Gracia y a cinco directivos más que aún siguen en la empresa por haber incumplido la Ley de prevención de riesgos laborales al instalar el sistema de frenado en la Línea 1, donde murieron 43 personas.
Junto a Gracia, la Avm3j pide que se cite a declarar al director de Operaciones, Manuel Sansano; el jefe de Mantenimiento de Instalaciones Fijas, Gonzalo Romero; el de talleres de Valencia Sud, Luis Miguel Alepuz, el director de la Auditoría y análisis de seguridad en la circulación, Juan José Gimeno Barberá y el jefe de la Línea 1, Sebastián Argente, según los cargos que tenían todos ellos en 2006.
La defensa letrada de la Avm3j, que dirige el abogado Vicente Baeza, argumenta ante la jueza que estos seis directivos estaban «legalmente obligados» por la Ley de prevención de riesgos laborales a prever tanto las distracciones como las imprudencias no temerarias que pudieran cometer los trabajadores y a garantizar la seguridad en la empresa ferroviaria.
Las víctimas del metro realizan esta petición al juzgado tras analizar la documentación aportada por FGV a la causa como el pliego de condiciones del sistema de frenado automático de la Línea 1, así como el documento con el que Siemens se presentó al concurso, que ganó, y el que elaboró en 1997 sobre el sistema de frenado automático puntual (FAP).
La Avm3j considera que la documentación aportada por Siemens «contradice la versión defendida por FGV» durante la instrucción ya que derivó en la empresa electrónica la responsabilidad de «establecer y definir los riesgos» en la Línea 1 y que, a partir de esa valoración, FGV ya propuso los sistemas de frenado.
A juicio de la Avm3j al instalar el FAP en la Línea 1 «no se analizan los riesgos sobre el lugar donde se produjo el accidente; ninguno de los informes estudia la geometría de la vía ni FGV aporta el análisis de riesgos en ese punto, realizado con posterioridad al accidente». Por ello, según la Avm3j «queda demostrado que FGV incumplía la ley de prevención de riesgos laborales».
