23 de marzo de 2016
23.03.2016

Financiación de las universidades: comenzar por cimientos

22.03.2016 | 23:31

La prensa dominical informa del interés de los secretarios autonómicos de Hacienda y Educación en plantear nuevas perspectivas de la financiación de las universidades públicas valencianas. Bienvenido sea, si algo se mueve „en relación con la financiación universitaria„ no puede ser a peor.

Las universidades públicas valencianas han sufrido recortes muy severos durante la crisis. La financiación ha bajado desde 799 millones de euros de los Presupuestos 2012 hasta los 671 millones de euros de 2016, un duro retroceso del 17%. Y sí 671 millones de euros, es muy insuficiente para atender con calidad la docencia de 140.000 alumnos y desarrollar una actividad científica y de transferencia de conocimiento de primer nivel internacional. La Comunitat Valenciana tiene un sector universitario con un tamaño del 1,06% del PIB, del cual la aportación pública es del 0,74% del PIB. Lejos, muy lejos del objetivo mínimo de un gasto global del 1,5% del PIB, con una aportación pública del 1% del PIB.

Durante la crisis, las universidades han sobrevivido, con gravísimas dificultades, con una deuda acumulada de la Generalitat Valenciana que alcanzó 768 millones de euros, lo que supuso un fuerte endeudamiento y que no fueran inviables, gracias a los recursos que captaban externamente por actividad investigadora y de transferencia. Pero la Generalitat, una herencia más, todavía adeuda a sus universidades públicas más de 300 millones de euros que, según los convenios firmados, debe liquidar entre 2017 y 2022. Y aquí está la primera clave, si ha llegado el momento de recomponer la financiación universitaria, lo primero „parece obvio„ es liquidar la deuda cuanto antes, y cerrar definitivamente una etapa que nunca se debió abrir. No podemos construir, antes de consolidar y resolver el enorme agujero provocado por la deuda histórica, que sigue ahí.

Esto no es incompatible con estar de acuerdo en relación a la política de becas anunciada para el próximo curso 2016-2017. Si la Generalitat dispone de un euro adicional para política universitaria, y tras una subida del 41% de los precios públicos, sin duda, la mejor inversión es recomponer la igualdad de oportunidades ampliando la política de becas.

Pero las universidades públicas valencianas no sólo han perdido 138 millones de financiación anual ordinaria, sino que se han visto obligadas a afrontar gastos adicionales sobrevenidos que tienen efectos diferenciales en función de los becarios que tenga cada universidad, la antigüedad de sus plantillas, o la excelencia docente e investigadora de su profesorado.

En el terreno del gasto en becas, han financiado con recursos propios las exenciones de matrícula por familias numerosa o por matrículas de honor, que con anterioridad financiaba la Generalitat y cuyo coste supera los 10 millones de euros para el conjunto del Sistema.

La reducción de la financiación se contrapone también con un incremento progresivo del coste de sus plantillas por antigüedad y otros conceptos legales, incluso aunque se hayan reducido efectivos. Esta dinámica de costes es común a todos los colectivos de empleados públicos de la Generalitat (y de todas las administraciones), pero su evolución se financia con el Presupuesto de la Generalitat (o del Estado) y para las universidades públicas no es el caso, y su coste ha supuesto un incremento de 19,3 millones de euros para el Sistema de 2012 hasta 2016.

En todo caso, resulta esperanzador que los responsables autonómicos se planteen abordar la financiación de las universidades públicas, pero es imprescindible proceder con orden: primero pagar la deuda lo antes posible, después compensar costes sobrevenidos por aplicación de la normativa estatal y autonómica; y tras ello, bienvenida sea una revisión en profundidad de la financiación donde resulta de recuperación imprescindible y de ampliación obligada la financiación pública de la I+D+i, o perderemos el tren del futuro.

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