El temor de que los nuevos responsables del Consell caigan en los vicios del pasado está instalado entre los sindicatos, agentes con los que el Ejecutivo tiene que negociar la relación de puestos de trabajo. Sin embargo, la información no está fluyendo.
La FSP-UGT, por ejemplo, se ha visto abocado a presentar un recurso contencioso administrativo contra la Conselleria de Justicia, departamento que tiene adscrita las competencias de Función Pública, por negarle a facilitarle el listado de puestos que se han reclasificado de tapadillo y han acabado abiertos a otras administraciones, en concreto, a la local.
Los sindicatos llevan tiempo denunciando que han detectado que algunas conselleries han modificado las características de los puestos de trabajo para dar entrada en la Generalitat a funcionarios procedentes de ayuntamientos y ello, sin más justificación aparente de que los nuevos trabajadores provienen de los municipios de origen del conseller de turno.
Las organizaciones sindicales recuerdan que los empleados públicos no son intercambiables y que la ley es muy estricta respecto a qué plazas y en qué condiciones se puede reclamar a un funcionario procedente de otro sector.
Fichar a docentes en Presidencia
También, denuncian las fuentes consultadas, hay intentos de abrir puestos de la Generalitat a funcionarios docentes, a pesar de que la ley de función pública es estricta en este sentido. Así, por ejemplo, el artículo 40.3 abre la puerta a funcionarios docentes para puestos con rango de subdirección general o dirección de servicio en aquellas conselleries con competencias de educación. Según esta interpretación, un profesor, por poner un ejemplo, no podría ocupar una plaza funcionarial de director territorial en Presidencia.
Ya a través de la ley de acompañamiento de los presupuestos de la Generalitat de 2016 desde la Conselleria de Agricultura hubo una propuesta para poder fichar a funcionarios del ámbito docente. El PP denunció la maniobra al entender que su objetivo era situar a funcionarios afines. Finalmente, y ante la polvareda levantada la modificación legal cayó de la ley.
Los sindicatos recuerdan que los trajes «ad hoc» no sólo suponen una perversión de la Función Pública. También constriñen las posibilidades de movilidad de otros empleados públicos. Y advierten de que, como hicieron en época del PP, irán a los tribunales si el bipartito actúa de la misma forma.
