La Abogacía ha dado suficientes muestras de capacidad, responsabilidad y proactividad en la propuesta de soluciones para mejorar el sistema judicial. La modernización de la Justicia pasa por aplicar una gestión racionalizada de los recursos del sistema, también para garantizar al ciudadano la Justicia gratuita, por implementar sistemas alternativos a la vía judicial y por utilizar las nuevas tecnologías al servicio de los ciudadanos.
El político autonómico o del estado que no se de cuenta de esto o no vea que la inversión en Justicia es esencial, no conoce el impacto social y económico que tiene la Justicia para los ciudadanos. Con la Consellera Gabriela Bravo y su equipo en materia de Justicia, se ha pasado de la «política de declaraciones» a la «política de los hechos» para los abogados de turno de oficio, ya que se ha demostrado que la Justicia valenciana es una prioridad.
El primer paso de Gabriela Bravo, en su relación con los abogados y a través del Consejo Valenciano de Colegios de Abogados fue reunirse, escuchar, y en menos de cuatro meses, aprobar de consenso un nuevo baremo de retribución de los abogados del turno de oficio. No solo eso, sino que, el último día de marzo, por primera vez en años, se ha pagado la certificación por los servicios que prestan los abogados del turno de oficio, que recibirán el importe de sus servicios este mismo mes de abril. El pago se ha realizado con los nuevos baremos que se incrementaron al 25 por ciento el pasado octubre, aplicándose con efecto retroactivo para garantizar que los abogados del turno de oficio recibieran una remuneración digna y compensar el maltrato recibido a causa de los recortes.
Otra de las acciones respaldadas por la Administración Autonómica ha sido la composición de la mesa técnica que abordará la reforma del decreto autonómico en materia de asistencia jurídica gratuita. Y no solo hablamos del turno de oficio, sino del sistema Lexnet (actualmente en fase de adaptación en la Comunitat Valenciana), y la inclusión de la abogacía en todas las áreas y foros donde los abogados deben dar su opinión.
En los próximos meses se aprobará el nuevo decreto de asistencia jurídica, se habrá puesto en marcha con eficacia, el sistema de comunicaciones Lexnet (o «papel cero» como lo llaman algunos), y sobre todo, hemos pasado de la política de las palabras a la política de los hechos.
Confío en que esta colaboración se extienda a todas las áreas de Justicia, ya que como he dicho muchas veces, sin abogados no es posible ninguna administración de justicia. En mi opinión, en el pasado, otros consellers tuvieron la voluntad de hacerlo, de contar con la abogacía, pero al final se quedaron en promesas que no pudieron cumplirse, porque sin presupuesto adecuado es imposible.
En este contexto, todos tenemos -Ministerio, Comunidades Autónomas y la propia Abogacía-, que ser capaces de gestionar de la mejor manera posible el dinero público que se destina a la justicia gratuita. Los abogados ofrecemos nuestra plena colaboración para llegar a una solución pactada y para participar en cuantos procesos de reforma permitan adecuar el funcionamiento de la justicia gratuita a la actual realidad social, defender los derechos constitucionales, eliminar posibles ineficiencias y, en definitiva, mejorar este servicio esencial para la Justicia y para los ciudadanos.
Si seguimos en esta línea de colaboración en materia de Justicia en nuestra Comunitat ésta puede acabar siendo la legislatura de la Justicia, es decir, a disposición de los ciudadanos a los que servimos los abogados. Un año pues, de esperanza, en el que hemos defendido nuestro papel como garantes de un turno de oficio preparado para asumir la defensa de los intereses de los ciudadanos, una labor por parte de estos profesionales que está empezando a ser reconocida y compensada.
