06 de abril de 2016
06.04.2016
Política

El ajuste que exige Montoro impedirá al Consell gastar en nuevos proyectos

La medida coercitiva por incumplimiento del déficit sólo permite gastar en lo ya comprometido

06.04.2016 | 02:15
El ajuste que exige Montoro impedirá al Consell gastar en nuevos proyectos

El Consell que preside Ximo Puig está instalado en el argumento de que no permitirá recortes en las cuentas públicas no sólo por una cuestión de principios, sino porque sencillamente ya no hay margen para la poda. «La alternativa es cerrar hospitales», alegan. Sin embargo, el tijeretazo parece inevitable, aunque eufemísticamente lleve el nombre de acuerdo de no disponibilidad de gasto. La noche del lunes, tras la entrevista con Ximo Puig en la que se eludió este espinoso asunto, el ministro Cristobal Montoro anunció que al día siguiente (ayer martes) haría llegar a las comunidades autónomas incumplidoras con el objetivo de déficit de 2015 una carta con los términos del acuerdo que los gobiernos tendrán que adoptar. Y, según dejó claro, este acuerdo de no disponibilidad no es negociable. Es la condición que pone el ministro para seguir transfiriendo los recursos de la financiación, incluido el manguerazo que se espera en julio por la liquidación del presupuesto de 2014.

Según el ministerio, el Ejecutivo «va a obligar a las comunidades incumplidoras, entre ellas la valenciana, a aprobar un acuerdo de gobierno de no disponibilidad, para garantizar que los recursos de financiación que recibirán este año no sirvan para financiar nuevo gasto, sino el que ya está previsto y están ejecutando este año». Montoro precisó que no se refería a recortes, sino a no aumentar el gasto público sobre lo que ya tienen previsto. Y ahí está la trampa. Llámase recorte o no, un acuerdo de no disponibilidad cuando apenas han transcurrido tres meses completos de ejercicio, bloquearía cualquier nuevo proyecto del Ejecutivo que no esté ya comprometido y ello, al margen de que esté o no presupuestado. En realidad, este tipo de ajustes han sido un clásico en los Ejecutivos populares, medidas de contención de gasto que durante mucho tiempo se ocultaban aunque eran acuerdos del Consell que afectaban a la ejecución del presupuesto, sobre todo a los capítulos de inversiones y subvenciones. En 2013, por ejemplo, el Ejecutivo de Fabra adoptó dos acuerdos de este tipo para suavizar la desviación del déficit.

Cabe precisar que este freno al gasto no afecta a todo el presupuesto. No se aplica a los créditos que afectan a los servicios básicos. Dicho de otro modo, Montoro no dejará sin luz ni agua a un hospital ya en marcha, pero, no permitiría que se construya otro a no ser que estuviera ya licitado y su gasto comprometido. Es evidente que en un presupuesto que dedica más del 80% en pagar la Sanidad y la Educación, el margen de recorte es pequeño, pero existe.

Con esta medida, el bipartito tendrá muy difícil sacar adelante cuestiones nuevas, lo que torpedea su hoja de ruta del Botànic.

El ultimatum de Montoro, al que a su vez Bruselas aprieta por haber incumplidos los objetivos de estabilidad, tiene además base legal. Es una de las primeras medidas coercitivas previstas en la ley de sostenibilidad, tal como apuntaron ayer fuentes del Ministerio de Hacienda. Entra en funcionamiento cuando los planes económico-financieros no son suficientes.

«Dicho acuerdo deberá detallar las medidas de reducción de gasto correspondientes e identificar el crédito presupuestario afectado, no pudiendo ser revocado durante el ejercicio presupuestario en el que se apruebe o hasta la adopción de medidas que garanticen el cumplimiento del objetivo establecido, ni dar lugar a un incremento del gasto registrado en cuentas auxiliares, a cuyo efecto esta información será objeto de un seguimiento específico», especifica la ley.

Pero no sólo eso. La ley da opción al Gobierno central «cuando resulte necesario para dar cumplimiento a los compromisos de consolidación fiscal con la Unión Europea», a que las competencias normativas que se atribuyan a las comunidades Autónomas en relación con los tributos cedidos pasen a ser ejercidas por el Estado». Es decir, una intervención de facto.

Fuentes del ministerio de Hacienda insistieron en que las comunidades están obligadas a cumplir con este acuerdo. Además, los interventores de cada gobierno deberán remitir mensualmente a Hacienda el cumplimiento de la regla de gasto, es decir, la obligación de no gastar más de lo que se ingresa. La información además será pública.

El departamento de Hacienda que dirige Vicent Soler medita qué hacer en espera de los terminos de un ultimatum que, pese al anuncio de Montoro, ayer todavía no había llegado a la Generalitat.

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