La petición "urgente" de vivienda social caduca a los 3 meses

Tres meses. Ese es el tiempo que dura ahora la solicitud de vivienda social por la vía urgente desde que la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (Evha) modificara el procedimiento, según afirman desde los servicios sociales municipales de diferentes ayuntamientos de la provincia de València. De esta forma, los trabajadores sociales deben estar atentos y renovar la petición de vivienda social por la vía urgente a los tres meses ya que pasado este periodo, si la familia no ha resultado adjudicataria de ningún piso social, su solicitud pasa al registro general.

Fue en 2021 cuando el Botànic puso en marcha un nuevo registro de solicitantes de vivienda pública en aras de actualizar los listados de solicitantes y vivienda. Así, la lista actualizada nació con más de 11.000 personas que solicitaban una vivienda social. La pandemia había incrementado el número pero había familias que llevaban (y levan) años en esa lista. Los demandantes de vivienda social no han parado de crecer. El año 2023 comenzó con 13.356 familias en lista de espera para un piso público: 7.303 en València, 1.385 en Castelló y 4.668 en Alicante, según fuentes de la Evha a Levante-EMV.

Cambió el gobierno, la Evha pasó a formar parte de una conselleria de Vivienda compartida con Servicios Sociales e Igualdad y las cifras actualizadas no se han hecho públicas. Ahora bien, desde la entidad sí han modificado el procedimiento para que las solicitudes de urgencia tengan fecha de caducidad. "Hay que estar atentos porque a los tres meses caduca la vía de urgencia y si no se renueva, la petición pasa al registro general", explican desde los servicios municipales de una localidad del área metropolitana de València. Desde varias localidades más, lo corroboran. "Nos dicen que tiene tantas solicitudes que no pueden darles salida y nos piden que limitemos los envíos de urgencia pero, claro, eso no lo podemos hacer porque la urgencia es real. Así que si en tres meses no ha habido vivienda para esa persona o familia pues la pasa al listado general y para mantener la urgencia, los ayuntamientos tenemos que volver a enviar la solicitud de urgencia a modo de renovación. El problema de la vivienda es terrible", explican desde los servicios municipales consultados por este diario.

Por ello, desde los servicios sociales consultados instan a la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda a ampliar el parque público "mediante la compra de inmuebles haciendo uso del derecho de tanteo y retracto" o con "ayudas a los ayuntamientos para que puedan hacer lo propio y comprar vivienda", además de incrementar "las ayudas al alquiler o a las hipotecas porque el problema de la vivienda es real para demasiadas familias y nosotros lo vemos a diario".

Así ha evolucionado el mercado de la vivienda pública en la Comunitat Valenciana

La lista de espera de solicitantes de alquiler no para de crecer en una autonomía que carece de parque público disponible. De hecho, la Comunitat Valenciana ha perdido vivienda pública durante décadas. En 1998 había 30.935 pisos sociales. En 2019 se alcanzó la cifra más baja, con 13.936 viviendas, para volver a ir ascendiendo poco a poco hasta situarse en las más de 14.000 que hay en la actualidad. Así durante la época que gobernó el PP entre los 90 y el 2015 la Generalitat Valenciana vendió vivienda pública bajo la premisa de que todo aquel que pudiera fuera propietario en la era del ladrillo. Ahora el plan del Consell consiste en volver a construir.

Del tanteo y retracto a la nueva construcción

El Botànic aprobó, en junio de 2020, el decreto de tanteo y retracto. Esta ley permite a la Generalitat interponerse en la compra de paquetes de vivienda y hacerse con él por el mismo precio que ya habían acordado las partes. La norma nació para frenar la compra de vivienda con fines especulativos (por ejemplo, de fondos buitre), y a la para aumentar el parque público. Así, el Botànic incrementó el parque público durante su última legislatura en  1.262 viviendas para el parque público en esta legislatura, y para ello invirtió 75 millones de euros. La gran mayoría de pisos se compraron mediante tanteo y retracto (818) y por adquisición por emergencia (342 casas). El resto llegaron por los concursos de compra de vivienda de 2018 y 2020.

El Consell de Carlos Mazón tiene, sin embargo, una hoja de ruta diferente ya que para alcanzar el mismo objetivo (la ampliación del parque público de vivienda) apuesta por la construcción. El anunció tiene cifra (10.000 viviendas) y el plazo de esta legislatura para alcanzarlo. Para ello la inversión prevista es de 7.326 millones de euros, un 2% del PIB, a través de la colaboración público-privada y la puesta a disposición de suelo de titularidad municipal y autonómica.