El Ministerio de Hacienda ha retenido fondos de la Participación en los Impuestos del Estado (PIE) de este mes a un total de 351 ayuntamientos —14 de ellos de la Comunitat Valenciana— por no haber facilitado al departamento que dirige Cristóbal Montoro los datos necesarios para el cierre del ejercicio de 2014. En concreto, en la Comunitat Valenciana esta medida coercitiva ha afectado a las corporaciones de Albatera, Almoradí, Benitaxell, Bigastro, Calp y Senija (provincia de Alicante); Cortes de Arenoso, Forcall, Ludiente y Navajas (en Castelló); y Andilla, l'Énova, Losa del Obispo y Torrebaja, en Valencia.

El Ministerio ha adoptado esta decisión después de las reiteradas advertencias realizadas a estos municipios para que cumplieran con la obligación de entregar la información correspondiente a 2014 y se ha aplicado con fecha 4 de abril en virtud del artículo 36 de la Ley de Economía Sostenible.

Aunque la lista sigue siendo larga, estas 351 entidades locales sancionadas son 41 menos que hace un mes. Sumaban una población de 693.587 habitantes a uno de enero de 2014, frente a los 43,94 millones de españoles. Dicho de otro modo, la medida afecta a municipios que agrupan el 1,58 por ciento de la población.

Entre estos municipios más poblados a los que afecta la medida hay 14 que tienen entre 10.000 y 20.000 habitantes. Y entre ellos están los alicantinos Almoradí y Albatera.

No es la primera vez que el Ministerio de Hacienda sanciona a municipios valencianos por no comunicar la liquidación de los presupuestos. El año pasado, fueron seis las poblaciones castigadas. Fueron los municipios pequeños de Loriguilla, en Valencia; y Costur, Lucena del Cid, Ludiente y Navajas en Castelló. La excepció fue Orihuela, la única ciudad española que aparece como incumplidora.

Hacienda es inflexible con los ayuntamientos que no envían la liquidación presupuestaria. En julio de 2015, ya amenazó con multar a más de 60 municipios por no haber remitido en el primer trimestre los presupuestos para este ejercicio, algo que también incumple la ley de Estabilidad Presupuestaria de 2012. En este caso, los municipio aún tienen margen para hacer los deberes.

Con la liquidación, sin embargo, el plazo se ha acabado. Según establece el apartado 1 del artículo 36 de la ley de economía sostenible de 2011, en el supuesto de no remitir la información de la liquidación, se «procederá a retener a partir del mes de septiembre del ejercicio siguiente al que corresponda aquella liquidación».