El titular del Juzgado de Instrucción 18 de Valencia que investiga el conocido como caso Imelsa toma este viernes declaración a tres de los cuatro investigados en la pieza de blanqueó cuya citación acordó antes de resolver sobre la petición del fiscal para que elevara la causa al Tribunal Supremo (TS).
Se trata del exportavoz del PP en el Ayuntamiento de Valencia y actualmente edil independiente tras ser suspendido cautelarmente del partido Alfonso Novo y la exconcejal y exasesora María José Alcón -esposa del exvicealcalde Alfonso Grau, procesado en el caso Nóos-, así como de la exsecretaria del grupo municipal popular María Carmen García-Fuster, según informa el Tribunal Superior de Justicia.
El magistrado instructor considera que tenían, al menos indiciariamente, "mayor proximidad al dominio material sobre el dinero de supuesto origen ilícito".
La primera en comparecer mañana ante el juez, a las 10 horas, será María José Alcón, mientras que el resto de investigados ha sido citado con un intervalo de 45 minutos.
Al estar alzado el secreto del sumario, será la primera ocasión en la que los letrados de todas las partes podrán interrogar a los imputados, de modo que la declaración previsiblemente se desarrollará en una de las salas más grandes del edificio de la Ciudad de la Justicia, como es la Tirant lo Blanch, la misma en la que se he celebrado recientemente el macrojuicio de Terra Mítica.
La declaración de la cuarta investigada citada, María José Pi, trabajadora del grupo municipal popular en el consistorio valenciano, ha sido suspendida y pospuesta sin nueva fecha.
Entre las diligencias complementarias acordadas por el juez antes de responder al escrito del fiscal sobre los aforados se encontraba también el ofrecimiento para que éstos declararan voluntariamente.
La exalcaldesa Rita Barberá optó por hacerlo presentando un escrito de alegaciones, mientras que el actual diputado autonómico del PP y exconcejal Miquel Domínguez se ha personado ya en la causa para tener conocimiento de lo actuado pero aún no ha declarado.
El fiscal pidió que la causa fuese remitida al Tribunal Supremo, órgano ante el que Barberá es aforada por su condición de senadora, y al Tribunal Superior de Justicia valenciano, competente para investigar y, en su caso, enjuiciar a Domínguez por ser diputado autonómico.
El fiscal considera que "existen indicios suficientes de la participación" de los dos aforados en la comisión del delito de blanqueo de capitales por el que están investigadas 47 personas (entre concejales, exconcejales, asesores y exasesores del Ayuntamiento de Valencia) y por el que el instructor ha resuelto imputar también al Partido Popular al amparo del artículo 119 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
