12 de abril de 2016
12.04.2016
Operación Taula

Simón se opone a que el ayuntamiento sea acusación popular sin pagar fianza

La defensa de la concejala del grupo popular desliza una crítica al juez del caso Taula por «excederse» en el auto en el que el magistrado sugiere una alternativa para personarse en la causa

12.04.2016 | 04:45
Simón se opone a que el ayuntamiento sea acusación popular sin pagar fianza

El Ayuntamiento de Valencia podrá personarse en la causa que investiga el presunto blanqueo de capitales cometido por el grupo popular del consistorio del cap i casal, como acusación popular, después de que el titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, Víctor Gómez, rechazara su personación como acusación particular. Esta decisión ha sido recurridas por la defensa de la concejala del grupo popular, Beatriz Simón, ante el mismo juzgado mediante un recurso de reforma y en apelación ante la Audiencia de Valencia, para evitar que el Ayuntamiento de Valencia pueda personarse en la causa.

El magistrado rechazó en un auto del 23 de marzo que el consistorio de Valencia se personara como acusación particular porque «el delito de blanqueo de capitales es un delito patrimonial» y no considera a la institución municipal «perjudicada por el presunto delito» por lo que «atendiendo a su naturaleza y a las circunstancias hasta el momento conocidas, no se aprecia en el Ayuntamiento de Valencia ni especial titularidad, ni relación con el bien jurídico protegido, ni perjuicio económico estimable».

No obstante, en el mismo auto el juez señala que «no existe inconveniente para que el ayuntamiento pueda solicitar su personación» como «acción popular» que «puede tener un valor colaborativo cierto y estimable, dado que los hechos investigados se localizan en el ámbito de personas ligadas a dicha institución, bien como concejales, bien como asesores o funcionarios». Una opción que eximiría al consistorio de pagar fianza y de formular querella, como se exige a la acusación particular.

La intención del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Valencia también es personarse en el resto de la causa que investiga una presunta trama corrupta de mordidas, cuando se levante el secreto de todo el macrosumario.

Esta decisión de permitir la entrada del gobierno municipal en la causa y que se le exima de prestar fianza es la decisión que ha sido recurrida por la concejala del grupo popular, Beatriz Simón, ante al magistrado y ante la Audiencia de Valencia. El abogado de Simón alega que esta personación «popular como una suerte de promotor de justicia, sin que esta función o competencia esté atribuida a las administraciones locales» ya la realiza «el Ministerio Fiscal». La edil popular considera que el Ayuntamiento de Valencia deberá «acreditar en base a qué norma se persona en la causa como acusador popular (si finalmente lo hace), quién adopta esa decisión y con qué informe previo« porque «la ley no prevé como competencia ni función de la administración local la de ejercer la acusación popular». Una cuestión que no es baladí ya que, como recuerda Beatriz Simón en su escrito, el ayuntamiento «deberá justificar en base a qué intereses comparece en la causa con usos de recursos económicos y humanos que no están legalmente previstos para estos fines».

Por último, aunque de forma muy sutil, la defensa de la concejala popular lanza una crítica velada al magistrado del caso Taula, ya que desliza en el escrito del recurso que su auto se «excede de lo solicitado por la representación municipal, que se limitaba a pedir su personación como acusación particular, sin alternativas ni subsidiariedades». De ahí su sorpresa a que el magistrado «declare la posibilidad [de personarse], acompañada del anuncio de las dispensas de fianza y querella» que, a juicio del letrado de la concejala popular, «podría entenderse como un estimulante ofrecimiento por parte del instructor al Ayuntamiento de Valencia para personarse como acusador popular». Por eso ha decidido impugnar «la decisión anticipada del instructor de dispensar a la corporación municipal de prestar fianza y formular querella» en la pieza del blanqueo o «pitufeo».

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