Los expertos que han elaborado para el Ejecutivo de Ximo Puig el informe sobre la reforma de la ley electoral valenciana (el documento que servirá de base de trabajo para el cambio normativo) también han planteado ampliar las causas de incompatibilidad por razón del cargo para formar parte de una lista electoral. Así, rechazan la duplicidad de cargos públicos y proponen que no se pueda compatibilizar el escaño con la condición de alcalde, presidente de la diputación y jefe de gabinete del presidente de la Generalitat, entre otros puestos de responsabilidad. El documento, que tal como informó ayer Levante-EMV reivindica la rebaja la barrera electoral del 3 al 5%, considera que el elenco de causas de incompatibilidad de la ley valenciana «es francamente reducido» y se hace eco de la normativa de otras comunidades mucho más restrictiva y vigilante para en el «adecuado ejercicio del servicio público».

El debate sobre la duplicidad de cargos se ha tenido en los últimos años, pero circunscrito a los partidos. Y además, con escasa consenso interno. Así, por ejemplo en la anterior legislatura, el expresidente de la Generalitat, Alberto Fabra, se mostró contrario a la duplicidad de cargos, una práctica habitual del PP que, en las últimas décadas, llenaba los escaños de las Corts de alcaldes y barones provinciales. La reflexión de Fabra generó malestar entres los dirigentes provinciales.

El caso más paradigmático fue el del expresidente de la diputación de Valencia, Alfonso Rus, que compatibilizó esta responsabilidad con las Corts y la vara de mando en Xàtiva. También ha sido costumbre incluir en las candidaturas a los jefes de Gabinete del presidente de turno para blindarlos en caso de perder el poder institucional.

De prosperar esta reforma legal, estos casos no podrán repetirse en el parlamento valenciano. Por otro lado, los especialistas del Observatorio montado por la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas sugieren una normativa mucho más restrictiva en cuanto a la incompatibilidad retributiva de los diputados, de tal manera que sólo se contemple como causa de excepción los supuestos en que sí es compatible el ejercicio simultáneo del cargo de diputado y diputada con cualquier otra actividad o función pública o privada.

Junto a las propuestas de reforma del sistema electoral basadas, tal como contó este diario, en un reparto provincial de escaños más equilibrado, la reducción del listón electoral y las listas cremallera, el documento dedica un apartado a las campañas electorales y a la financiación de los partidos relacionada con la convocatoria de los procesos electorales.

Buena parte de estas cuestiones son materia de la legislación básica. De ahí que el margen de regulación a través de la ley valenciana es reducida. Ahora bien, los expertos sí abogan por una posible modificación para fijar límites de gasto en propaganda electoral. Las sugerencias al texto sobre las subvenciones electorales sólo aportan matices. Cabe recordar que la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, se pronunció al inicio de la legislatura a favor de suprimir las ayudas a los partidos políticas, una reflexión cuestionada en el Consell.