La ex secretaria autonómica de Comunicación, Nuria Romeral, y la ex jefa de gabinete del conseller de Infraestructuras José Ramón García Antón en 2006, Maria Ángeles Ureña, comparecen hoy en la décimotercera sesión de la comisión de investigación del accidente del metro. Romeral, que también fue jefa de prensa del fallecido conseller Garcia Antón, era la máxima responsable de la política de comunicación del Consell presidido por Francisco Camps cuando se produjo el accidente y en los años posteriores.
Durante el cierre de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) en noviembre de 2013, los trabajadores de la televisión pública revelaron ante las cámaras que las órdenes de acallar las protestas y reivindicaciones de las víctimas del metro cada mes en la plaza de la Virgen procedían «de Presidencia de la Generalitat», uno de los aspectos a los que deberá responder Romeral, así como la negativa del expresidente del Consell a recibir a las víctimas.
Maria Ángeles Ureña, actual presidenta de la Confederación Hidográfica del Júcar (CHJ), e imputada en el «caso Vaersa» por las irregularidades detectadas en la empresa pública, era en 2006 la jefa de gabinete de José Ramón García Antón, el conseller que presidía el consejo de administración de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) cuando se produjo el accidente del 3 de julio en el que fallecieron 43 personas.
También acude a las Corts el subdelegado del Gobierno en el momento del siniestro, Luis Felipe Martínez, que fue uno de los primeros en apuntar a la posibilidad de la «rotura de una rueda» como una de las posibles causas del accidente. Una información que le valió duras críticas por la Generalitat presidida por Camps el mismo día del siniestro. Martinez abre hoy el nuevo turno de comparecencias a partir de las 10.30 horas.
La sesión finalizará por la tarde con la intervención de Santiago Miquel, el concejal del PP de Torrent que acompañó al exconseller Juan Cotino a visitar a las familias afectadas por el accidente del metro en las que, según denuncian los familiares, se ofreció trabajos a cambio de que los afectados se retiraran de la causa judicial que investigaba las circunstancias del accidente.
