11 de mayo de 2016
11.05.2016
Informe

El síndic advierte del colapso del sistema de salud mental

La Sindicatura de Greuges pide al Consell más seguridad jurídica en los internamientos por orden judicial

11.05.2016 | 10:18

El adjunto al Síndic de Greuges, Ángel Luna, instó ayer a la Generalitat a dar una mayor seguridad jurídica a los enfermos mentales que son ingresados en alguna institución residencial contra su voluntad mediante una orden judicial. Así se pronunció ayer Luna en la Comisión de Peticiones de las Corts Valencianes en la que presentó el último informe de la sindicatura sobre la atención residencial que se ofrece a las personas con problemas de salud mental. Una intervención en la que advirtió de la situación del sistema, «casi al borde del colapso» por la falta de planificación y de coordinacion entre las adminitraciones.

Según Luna, la Generalitat debería de establecer procedimientos que si bien «no cubrirían el vacío legal existente», sí paliaría al menos una situación por la que, a juicio de Luna, «nos llevaríamos las manos a la cabeza si estuviéramos hablando de personas en prisión pero que se está relativizando, pese a que se trata de un derecho fundamental».

En el informe se pone de manifiesto que la mayor parte de los ingresos en centros se hacen de forma no voluntaria y, muchas veces, utilizando el método «de urgencia», que supone contar con la autorización judicial a posteriori al internamiento «sin que esté verdaderamente justificado». Pero además, alertó de que estas órdenes judiciales se hacen basándose en un artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el 763.1 que ha sido declarado como inconstitucional en 2010 por insuficiencia de rango pero que se dejó vigente para evitar un vacío normativo. Luna aseguró que las revisiones de estas órdenes judiciales, preceptivas cada 6 meses, se hacen «con retraso» y solo teniendo en cuenta las valoraciones de los facultativos del centro contraviniendo los criterios internacionales.

Otro de los puntos negros del informe y sobre el que el adjunto del síndic cargó ayer las tintas es la cantidad de incapacitaciones totales que se da a los enfermos cuando, a juicio del Síndic, se debería apostar por una incapacidad parcial revisable. De ellos, la mayor parte están tutelados directamente por la Generalitat, 2.920 mayores de edad en marzo de este año según datos de la administración. «Para atenderlos solo hay 32 funcionarios en la Comunitat Valenciana», denunció Luna que criticó que la actividad de la comisión valenciana de tutelaje fuera «escasa cuando no nula».

Por otra parte, Luna criticó la falta clara de recursos y personal en los centros de enfermos mentales y la descoordinación entre administraciones y puso como ejemplo los centros aún regidos por las diputaciones y el marasmo normativo.

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