El pleno del Consell tiene previsto aprobar hoy su criterio favorable a la tramitación de la ley de la nueva RTVV, un pronunciamiento que, sin embargo, es un arma de doble filo. Presidencia de la Generalitat enviará también a las Corts el informe que solicitó al Consell Jurídic Consultiu (CJC) sobre la norma, un dictamen que, tal como informó ayer Levante-EMV, cuestiona la legalidad de la cláusula que otorga a los extrabajadores de la antigua RTVV preferencias en la contratación de la nueva televisión valenciana. De esta forma, el Consell bipartito traslada a los grupos parlamentarios que pactaron la ley (Compromís, PSPV y Podemos) la presión sobre la revisión de la citada disposición.

En un encuentro informativo con los medios de comunicación, el secretario autonómico de Comunicación, José Maria Vidal, rechazó ayer valorar el informe jurídico y se limitó a indicar que deberá valorarlo el Parlamento. Ahora bien, pese al silencio de Vidal, es sabido que al Palau le preocupa que el trato preferencial plasmado en la ley complique aún más el laberinto jurídico de la apertura de la tele. Desde Presidencia se justificó ayer el haber solicitado el dictamen del CJC (no era obligado al no tratarse de un proyecto de ley) en que así lo había exigido el PP en la comisión legislativa de las Corts sobre la tele.

La solución podría facilitarla Ciudadanos que ya ha anunciado una enmienda para eliminar el apartado de la ley que da prioridad a la antigua plantilla, en especial, a aquella que aprobó una oposición para trabajar en Canal 9. PSPV y Compromís estudiarán la revisión, aunque está por ver que hará Podemos, el principal defensor de los derechos de los extrabajadores. El partido que lidera Antonio Montiel está muy comprometido en la reapertura de RTVV. Aunque la ley se diseñó en Presidencia, se dio margen a este partido para incorporar sus compromisos con el comité de empresa de RTVV. Con esta cuestión pendiente, Presidencia tomó ayer la iniciativa y presentó un informe del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) en el que se valora en términos económicos la importancia del sector audiovisual de la Comunitat Valenciana y la repercusión en él de RTVV. Muestra, entre otras cuestiones, el impacto del cierre de RTVV sobre el sector audiovisual de la Comunitat, que pasó de representar en 2008 el 7,3% del sector nacional al 1,4% en 2015. En este periodo el sector pasó de tener 6.764 empleados en la Comunitat a 1.085 y sólo de 2013 „año del cierre del ente„ a 2014 el empleo cayó a la mitad.

El informe también recoge un calculo de lo que costaría a las arcas autonómicas una nuevo canal autonómico. Hay varios escenarios posibles en función de si la referencia es el coste por habitante de la radiotelevisión autonómica más barata en España, (36 millones), o la media de las tres más baratas. En este caso, por el que apuesta el IVIE, el coste sería de 51 millones. El Consell presupuestó para este año 29 millones de euros para echar a andar la tele. El calendario no está cerrado, pero podrá ser en noviembre.

Por otra parte, el informe señala que es preciso «tener presente que el apoyo con fondos públicos debe ser equilibrado y estar plenamente justificado, y no puede ser ajeno a las restricciones financieras de la administración pública que lo financia».