01 de junio de 2016
01.06.2016
Tribunales

Los asesores del PP pedirán recuperar su empleo y sueldo tras la victoria judicial de Salom

Un juzgado anula el expediente disciplinario que dejó sin empleo y sueldo al asesor porque no se le dio audiencia y no estaba bien motivado

01.06.2016 | 19:14
Los asesores del PP pedirán recuperar su empleo y sueldo tras la victoria judicial de Salom

Los siete asesores del grupo municipal popular suspendidos de empleo y sueldo desde el pasado mes de abril por decisión de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valencia, tras su imputación por presunto blanqueo de capitales, van a solicitar la inmediata anulación del expediente disciplinario. Una petición que realizan después de conocer la sentencia del Juzgado de lo contencioso-administrativo número 5 de Valencia que anula este mismo trámite abierto al asesor del grupo municipal popular, Luis Salom, facilitada ayer por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Salom fue el primer asesor suspendido de empleo y sueldo el pasado 5 de febrero, antes de que se abriera el secreto del sumario de la pieza del caso Taula que investiga el presunto blanqueo de capitales. El resto de asesores del PP también fueron expedientados pero a partir del 1 de abril, varias semanas después de que las partes pudieran acceder al sumario. Al igual que hizo Salom, el resto de asesores también presentaron sus respectivos recursos contencioso-administrativos sobre los que aún no hay fallo. Pero a la vista de la victoria judicial lograda por Salom no van a esperar a sus respectivos fallos y solicitarán que se anulen los expedientes disciplinarios que también les dejaron sin empleo y sueldo.

La sentencia dictada por el titular del Juzgado de lo contencioso-administrativo, Marcos Marco Abato, acepta los dos argumentos principales esgrimidos por los letrados del asesor popular, Carlos Mestre y Moisés Toca Herrera. Por una parte, la Junta de Gobierno que dirige el alcalde Joan Ribó no dio audiencia a Salom antes de la apertura del expediente disciplinario. Un trámite no obligatorio por ley pero que, dado la trascendencia del asunto «que altera la esfera jurídica del recurrente», debería haber realizado el gobierno municipal.

Otro de los motivos aceptados por el magistrado es que la «suspensión de funciones de un funcionario público debe venir vinculada a que resulte indispensable o muy necesaria para garantizar la normalidad del servicio público». La sentencia considera que la justificación aportada por el Ayuntamiento de Valencia para suspender de empleo y sueldo al asesor Luis Salom adolece de «una falta de definición de los hechos (...) fundamentada en información de los medios de comunicación» ya que la causa aún era secreta el pasado mes de febrero lo que «se ha traducido en confusión» respecto a los delitos que se imputaban a Salom para abrirle el expediente: presunto blanqueo de capitales y delito contra la administración pública, cuando sólo se le acusa del primero de ellos. El supuesto blanqueo no afecta jurídicamente al ayuntamiento (por eso se le ha impedido personarse como acusación en esta pieza). El equipo de gobierno tampoco argumentó «en qué medida la continuación del empleado público eventual [Salom] alteraría los servicios públicos municipales». El Ayuntamiento de Valencia ha sido condenado con las costas, aunque la sentencia puede ser recurrida. Fuentes del equipo de gobierno señalan que estudian con la asesoría jurídica los argumentos esgrimidos por el juez en la sentencia e insisten en que «los imputados deberían apartarse del consistorio».

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