La Generalitat aún tardará en poner orden en su sector empresarial. Con una deuda de 4.843 millones de euros al cierre del año pasado, 1.320 con el propio Consell, y 6.279 empleados, muchos de los cuales cobran nómina sin que la Administración sepa muy bien el trabajo que realizan, el sector público instrumental sigue siendo aún un pozo sin fondo por donde escapa el dinero público.
Los consejos de administración de la mayoría de las 28 entidades que componen el entramado de empresas dimitieron en bloque tras la llegada del nuevo Ejecutivo de PSPV y Compromís y los nuevos gestores de la Generalitat intentan poner luz entre las tinieblas de muchas de las firmas públicas tras 20 años de opacidad, según denunció ayer en las Corts la secretaria autonómica de Modelo Económico y Financiación, Ángeles Cuenca, que compareció a petición propia.
La reordenación del sector público se ha convertido en una de las prioridades que el Consell se marcó en el seminario de Morella de principios de año, pero el camino no será fácil, según aseguró la alto cargo de Hacienda, que defendió que la prioridad no es el recorte de entidades, sino que éstas presten en condiciones de fiabilidad servicios al ciudadano que no pueda realizar el Consell.
Con todo, la gran prioridad es la publicación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) ya que el Consell admite que un año después de asumir el gobierno valenciano aún no sabe cual es el trabajo que realizan muchos de los trabajadores en nómina.
«No tenemos ni registro de entes, pero no podemos hacer en unos meses lo que debió realizarse en cinco años», denunció ayer Cuenca, que calificó la situación del sector público valenciano de «caótica», «penosa» y «difícil de remediar», por lo que reclamó más tiempo para poner orden en este campo después de 20 años de «marasmo». Cuenca aseguró que la conselleria considera fundamental la elaboración de un proyecto de ley del Sector Público, que está en camino
Cuadriplica su presupuesto
La deuda del sector público valenciano, los 4.843 millones de euros, casi cuadruplica el presupuesto anual que manejan la treintena de entidades con las que cuenta la Administración, que para 2016 es de 1.450 millones de euros. Un pasivo aún millonario pese a los ajustes de los últimos años, que comenzaron con la ley de reestructuración que en la pasada legislatura impulsó el Consell de Alberto Fabra por mandato del Ministerio de Hacienda a instancias de la Unión Europea.
«Es muy grave, aunque no estamos parados, hemos cobrado 12 millones de venta de terrenos en Terra Mítica después de sangre, sudor y lágrimas, hemos frenado la subasta de la Ciudad de la Luz, donde lo que costó 400 millones se iba a vender por 19, se ha externalizado el Oceanogràfic y el Àgora y se ha renegociado la Volvo Ocean Race donde se ha ahorrado un millón de euros porque era un contrato leonino», relacionó la secretaria autonómica.
Respecto a las plantillas de trabajadores, Cuenca admite que la plantilla es desconocida y lo explica: «No se puede saber cuanto personal hay contratado y cuantos cobran porque se han realizado pagos no autorizados por la Dirección General de Presupuestos», señaló Cuenca.
En Vaersa, por ejemplo, no se aprueba la masa salarial desde 2016 porque «hay un descontrol de 20 años de opacidad y mala gestión», denuncia.
El diputado del PP Rubén Ibáñez, aseguró que la comparencia de la alto cargo de Hacienda no había aportado nada nuevo y se congratuló de que el Consell tenga intención de presentar una ley del Sector Público después de aprobar una sola cuando está a punto de cumplirse el primer año de gestión del Ejecutivo.
