Varios de los peritos que comparecieron ayer ante el tribunal que juzga el caso Nóos analizaron el eterno debate sobre si la fundación Valencia Turismo Convention Bureau (TVCB), que cofinanció los congresos del Instituto Nóos que dirigía Iñaki Urdangarín, es una entidad pública o privada y por tanto si debe estar sujeta a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Tres de los peritos que declararon ayer consideran que TVCB es pública porque entre 2004 y 2006, años en los que firmó convenios con Nóos, entre un 96,3 y un 98 % de su financiación era de procedencia pública, y además tres de las cuatro entidades que la fundaron en 1990 son entidades públicas.
Uno de los peritos que ha intervenido en la causa incluso ha asegurado que el funcionamiento de la FTVCB «es ilegal» porque ha sustituido al Ayuntamiento de Valencia en una competencia que es irrenunciable como la promoción del turismo. El máximo resposnable de TVCB era el exvicealcalde, Alfonso Grau, imputado en la causa. Sin embargo, otro de los especialistas defiende que la fundación es privada, una circunstancia «indiscutible con arreglo a la letra de la ley» porque la financiación pública no se da con carácter permanente. Además ha recalcado que el Tribunal de Cuentas excluye de la fiscalización a la FTVCB y lo hace porque es privada. Otro insistió en que ese informe del Tribunal de Cuentas realiza una «calificación clara» de que se trata de «convenios de colaboración excluidos de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas».
También se han referido al término «canon» „la cuantía que aportaron las administraciones valencianas a Nóos„ que algunos peritos han calificado de «chocante» y «extrañísimo» porque «no existe» y, tal como está recogido vendría a ser «una propineta».
