El Defensor del Pueblo tiene serias dudas sobre el pago de 1.350 millones de euros a la empresa Escal UGS como indemnización por el fiasco que ha resultado ser la planta de gas Castor frente a la costa de Vinaròs.
El expediente, abierto por este organismo a instancias de la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia, da a entender que quizás hubo precipitación a la hora de pagar a la empresa, sobre todo porque no quedó aclarada la responsabilidad de la mercantil, así como el estado en el que el Gobierno asumía las instalaciones.
El Defensor del Pueblo considera que «antes de conocer las circunstancias concretas que han llevado al abandono de la concesión del almacén gasista Castor, esa Administración ha procedido al pago de la inversión», por lo que se pregunta sobre «la procedencia o no de la indemnización pagada».
Tampoco se hacía alusión a si la hibernación en la que están las instalaciones implica que siguen operativas, requisito indispensable para la indemnización. Enagás, que asumió en diciembre de 2014 la plena administración de las instalaciones una vez se pagó a Escal UGS, decidió solicitar con posterioridad un estudio al Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT) para saber, entre otros aspectos, si las instalaciones están o no operativas y si procede su desmantelamiento.
Este informe, que se prevé concluir antes de que acabe 2016, puede determinar además si Escal adoptó o no las medidas oportunas y, en consecuencia, si al final habría que «minorar» los pagos.
