El Fiscal Anticorrupción Pedro Horrach mantiene su petición de penas para los exaltos cargos valencianos procesados en el caso Nóos: el exsecretario de Turismo de la Generalitat Luis Lobón; los exdirectores gerentes de la Ciudad de las Artes y las Ciencias José Manuel Aguilar y Jorge Vela, y para la exresponsable jurídica de Cacsa, Elisa Maldonado. Para cada uno de ellos reclama ocho años de cárcel por los delitos de prevaricación, malversación, fraude y tráfico de influencias.
El grupo socialista del Ayuntamiento de Valencia, personado en el caso Noós como acción popular, mantiene su petición inicial de pena de 11 años de cárcel para el exvicealcalde de la ciudad Alfonso Grau, así como para Iñaki Urdangarin y su socio Diego Torres.
La letrada Núria de Antonio apenas ha modificado su escrito de acusación inicial y mantiene la petición de los mismos años de prisión para los tres acusados por presuntos delitos continuados de malversación en concurso medial con prevaricación, y por fraude a la administración.
De Antonio también ha concretado el pago de las indemnizaciones que considera que deben pagar Grau, Urdangarín y Torres. En concreto, exige el abono en concepto de la celebración del Valencia Summit de 2004 de un total de 444.752 euros, de 522.000 euros por el de 2005 y de 151.706 euros por el de 2006.
Responsabilidad civil de Urdangarín
Por su parte, el letrado que representa a la Comunitat Valenciana, como actor civil, ha reclamado a Urdangarin, Torres y el exsecretario de Turismo, Luis Lobón, la cantidad de 1.566.000 euros por las celebraciones de las tres cumbres.
Al exdirector de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa) José Manuel Aguilar le reclama 522.000 euros por el Valencia Summit de 2004; y a los ex directores generales de Cacsa Jorge Vela y Elisa Maldonado, 1.044.000 euros, por los de 2005 y 2006.
En caso de que el tribunal no considere inadecuados todos los convenios, el letrado considera que los costes imputables a Cacsa jurídicamente ascienden de 371.110 euros por los tres Summit.
En cuanto al proyecto de Juegos Europeos, considera responsables civiles a Urdangarin y Torres por 380.000 euros, y pide que indemnicen a la Generalitat en esa cuantía, de la que son responsables solidarias todas las entidades del conglomerado Nóos, y como partícipes a título lucrativo a Cristina de Borbón y Ana María Tejeiro.
El letrado ha detallado que tiene constancia de la consignación de una cuantía en la cuenta del juzgado por parte de la infanta Cristina, reclamada por la Fiscalía, para cubrir esas eventuales responsabilidades.
Tras las conclusiones finales presentadas por la Fiscalía Anticorrupción, la Abogacía del Estado en nombre de Hacienda, las abogacías de Baleares y la Comunitat Valenciana, el sindicato Manos Limpias y el grupo socialista en el Ayuntamiento de Valencia y el letrado de la Comunitat Valenciana como actor civil, el próximo martes las defensas presentarán sus conclusiones.
