La caja de los truenos se ha abierto en el Hospital Provincial de Castelló. El anterior gerente del centro, Rafael Arce, anunció ayer que pondrá en conocimiento de la Fiscalía las posibles irregularidades que detectó en el año y medio que estuvo al frente del centro. Arce dijo haber recibido amenazas de muerte «por querer desmontar el chiringuito del hospital», por lo que denunció los hechos en un juzgado e incluso se vio en la obligación de depositar documentación en una notaría, con la consigna de que la sacaran a la luz «si me pasaba algo».
Un halo de sospecha envuelve la gestión del PP en el Hospital Provincial, regido por un consorcio del que forman parte la Conselleria de Sanidad y la Diputación de Castelló. La denuncia va más allá de la formulada ayer por la consellera Carmen Montón, que podría enmarcarse en el actual periodo preelectoral. La refuerza el último gerente nombrado por el PP, Rafael Arce, quien anunció ayer su intención de trasladar a la Fiscalía todas las irregularidades que detectó.
Arce llegó al Hospital Provincial en marzo de 2014 de la mano del entonces conseller de Sanidad, Manuel Llombart, y dejó el puesto en septiembre de 2015. Asumió el encargo de poner orden y acabar con los desmanes cometidos en el hospital durante años, sobre todo durante la etapa de gobierno de Carlos Fabra, quien hizo y deshizo a su antojo, con la aquiescencia de la Conselleria de Sanidad.
«Adjudicación arbitraria»
Arce se encontró un cúmulo de irregularidades, que reflejó en un informe que remitió a los servicios jurídicos del Provincial. Constató que el hospital no cumplía con los requisitos legales en materia de contratación, como la adjudicación de servicios de manera «totalmente arbitraria», sin que mediara expediente. Además, detectó que se aprobaban pagos a empresas por encima del importe establecido en el pliego, como ocurrió con el contrato de mantenimiento.
El exgerente pisó muchos callos en su intento de acabar con estas prácticas. Y, según señala, recibió presiones y amenazas de muerte que denunció en un juzgado de Castelló. «Esas amenazas se produjeron porque no transigí con lo que estaba pasando, me negué a mirar para otro lado y quise acabar con el chiringuito que había», explica a este diario. Denunció las amenazas en un juzgado, que abrió diligencias penales que están en instrucción.
Ahora va a dar un paso más y próximamente va a acudir a la Fiscalía a aportar la documentación que puso a buen recaudo en una notaría de Castelló. Lo hace, según explica, tras conocer que la Conselleria de Sanidad ha presentado ante la Fiscalía miles de facturas presuntamente irregulares. «Yo informé de lo que estaba pasando a los servicios jurídicos del hospital y ahora haré lo propio ante el fiscal para que se diriman responsabilidades si existen», señala.
El exgerente dice estar muy tranquilo con su trabajo realizado en el Hospital Provincial y destaca que corrigió irregularidades, logró un ahorro anual de 7,5 millones de euros y eliminó las listas de espera.
