Siete de las veintiocho personas investigadas en la pieza del «Caso Imelsa» han sido desimputadas por decisión del titular del Juzgado de Instrucción 18 de Valencia, Víctor Gómez, tras acreditar mediante su declaración y la aportación de documentación que su trabajo en la empresa pública de la Diputación de Valencia, Imelsa, era real.

Las personas sobre las que el juez ha decidido el sobreseimiento provisional son Miguel Ángel Gozálbes Moracho, ex concejal del PP en Xàtiva entre 1995 y 1999, quien también fue director de Valencia Terra i Mar, la marca turística de la Diputación de Valencia y Frutos Biosca Mollá, exteniente alcalde del PP en Vallada, que han podido acreditar su trabajo en la institución provincial.

Tampoco se continuará investigando a la exalcaldesa del PSPV-PSOE de Alginet, Celeste García-Estarlich y las trabajadoras Maria Jesús Aleixandre, Maria del Carmen Benavent Pascual, Maria Julia Terol Aleixandre, y Rosa Bonilla Dasí ya que todas han podido justificar que el finiquito que recibieron tras ser despedidos fue ajustado a derecho.

No obstante, respecto a los desimputados que ejercían de asesores el magistrado señala que aunque ya no serán investigados en la pieza separada de los zombis y los finiquitos pero que «en la causa principal» del «Caso Taula» «se mantiene la investigación sobre la contratación como asesores de determinadas personas, a la vista de la información policial».

Por ello, a la espera de «las investigaciones policiales y diligencias acordadas, su designación y contratación son hechos investigados pendientes de calificación penal» por lo que «su situación procesal podría variar». La causa sigue contra el resto de 21 imputados en esta pieza separada. El auto del juzgado de Instrucción 18 distribuido ayer desde el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valencia cita expresamente a tres de ellos.

El juez mantiene como investigados al sindicalista e histórico alcalde de Llutxent, Honori Estornell, que solicitó retrasar su declaración, y a su hijo Rubén Estornell, que sí declaró el pasado viernes y que «confesadamente mantuvo algún tipo de intervención en las negociaciones o conversaciones mantenidas sobre el despido de su padre».

Indemnización de 100.000 euros

Honori Estornell era coordinador de brigadas forestales en Imelsa, fue despedido el 1 de enero de 2008 con una indemnización de 100.000 euros, aunque sólo le deberían haber correspondido 72.251 euros por este despido improcedente. Un total de 37.607,64 euros de esta indemnización los cobró por estar de alta el 1 de enero de 2008, según la información de la Agencia Especial de la Administración Tributaria (AEAT).

En el auto también se menciona al exdirector financiero de Imelsa, José Enrique Montblanch, sobre el que «la investigación debe mantenerse y depurarse en lo concerniente a las sumas percibidas de Imelsa en concepto de retribución variable y dietas».