Ya se venía haciendo pero el Ministerio de Justicia ha querido poner por escrito lo que para las asociaciones de personas que buscan a los llamados «bebés robados» constituye la madre del cordero: pedir la información donde la tienen, en las instituciones religiosas.
Varios años después de que Alberto Ruiz Gallardón creara el fichero que debía poner en contacto los perfiles genéticos de quien buscaba a sus familiares biológicos, el Ministerio de Justicia ha modificado los formularios que se deben de cumplimentar para dar el consentimiento expreso a ceder datos de tanta sensibilidad y ha aprovechado para hacerlos más amplios pero también, más concretos.
Donde antes solo se facultaba al Ministerio de Justicia a obtener documentos del registro Civil y de los centros sanitarios para intentar buscar esa compatibilidad genética, ahora se añade un párrafo por el que se acepta que el ministerio «solicite datos» de «cualquier administración pública, instituciones religiosas, entidades, corporaciones, personas físicas o jurídicas que pudieran disponer de información y documentación relacionada con su origen, identidad y familia biológica». Así reza en los nuevos formularios para entrar en los ficheros que entraron en vigor ayer mismo tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Según confirmaron fuentes del Ministerio de Justicia, al cierre de marzo de 2016, hay abiertos 25 expedientes en la Comunitat Valenciana -523 en toda España- con datos volcados en este fichero que gestiona el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses para buscar «coincidencias genéticas» entre quienes buscan a sus familiares biológicos ya que sospechan de que pueden ser parte de la trama de bebés irregularmente adoptados en toda España durante los años 60, 70 y 80 en varias clínicas, en la mayoría gestionadas o relacionadas con instituciones religiosas.
«Buena voluntad y poco más»
Los representantes de las asociaciones que han vehiculado este problema social no han recibido la medida, sin embargo, con excesivo entusiasmo. Así, el abogado Enrique Vila, que forma parte de la Asociación SOS Bebés Robados y SOS Raíces, valoró ayer tras conocer el cambio en el enunciado que se trataba más de una manifestación «de buena voluntad y poco más».
Vila echa en falta «voluntad firme» de las instituciones para resolver este problema ya que, «por mucho que se ponga ahí, las instituciones religiosas se están negando a dar esos datos directamente en los juzgados y el juez es quien tiene la máxima potestad para pedirlo».
El presidente nacional de la asociación Anadir, Antonio Barroso, fue más allá y lamentó que el fichero nacional se creó solo «para hacer ver que el PP hacía algo pero no sirve para nada. No tienen más de 300 pruebas y nosotros más de 2.000 registros y sin subvenciones. Y mientras nos ponen palos en las ruedas».
