Una de las primeras macrocausas por corrupción «made in Valencia» en estallar en el verano de 2010, el «caso Emarsa», sólo ha conseguido enjuiciar tres de las once piezas, más la causa principal, en la que se dividió para agilizar la investigación. La primera condena sobre la pieza 8 se falló en diciembre de 2013 y afectó a la exmujer del cerebro del saqueo, María Aguila Aladren, condenada por la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional a 19 meses de prisión por un delito de blanqueo de capitales y una multa de 1.123.053 euros. La mujer fue puesta en libertad tras la condena porque ya había cumplido 14 meses de cárcel y carecía de antecedentes.
La sección tercera de la Audiencia de Valencia también condenó en junio de 2015 por la pieza 3 a Carlos Crespo, hermano del ex alcalde de Manises, a dos años de cárcel por un delito de blanqueo de capitales, el pago de una multa de 500.000 euros y las costas del juicio (incluidas las de las acusaciones) por abrirse una cuenta en Andorra que que cerró apresuradamente tras estallar el caso Emarsa.
Sin embargo, el Supremo anuló el pasado mes de abril la sentencia y obliga a repetir el juicio, sin entrar a valorar los h echos, porque considera, como defendía la defensa de Crespo, que se trataría de un presunto delito cometido por un español fuera del territorio nacional, para cuyo enjuiciamiento tiene competencia exclusiva la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. El nuevo juicio aún no se ha celebrado.
El juzgado de lo penal número 10 también condenó el pasado mes de octubre al empresario de Notec SL Vicente Ros y su mujer, imputados en la pieza 1, por un delito de alzamiento de bienes o insolvencia punible a dos años de prisión por realizar operaciones patrimoniales dirigidas a «eludir el pago de las eventuales responsabilidades civiles».
La pieza principal del caso Emarsa que alcanza los 450 tomos (291 sólo de documentos) y dos expedientes electrónicos que suman casi 200.000 folios debería haberse juzgado desde el pasado 2 de noviembre y debería estar a punto de finalizar. Pero el macrojuicio se suspendió a la espera de que fuera extraditado a España el considerado como cerebro del saqueo de Emarsa, Jorge Ignacio Roca Samper, que permaneció cuatro años fugado de la justicia hasta que fue detenido el 10 de junio de 2015 en Moldavia. Su llegada a España se retrasó hasta el pasado 15 de abril y ya ha comparecido en tres ocasiones en las que está imputado.
En la que más comunicativo se mostró fue en la del pasado 15 de junio cuando declaró durante cinco horas para admitir que formó parte de una trama fraudulenta para desviar más de 11 millones de euros gracias a los sobrecostes en el precio que cobraba por el tratamiento de los fangos de la depuradora de Pinedo entre 2004 y 2009.
Este dinero desviado se repartió, según Roca Samper, en comisiones a dirigentes de Emarsa y de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar) a través de 18 tarjetas de crédito vinculadas a sus empresas fraudulentas. Cuando finalicen las declaraciones del cerebro del saqueo podría retomarse el juicio de la causa principal. Aunque ya será a partir del otoño.
