Cuatro patrullas de la Guardia Civil se desplazaron hasta Sellent, un pueblo de poco más de 400 habitantes, para impedir que un vecino grabara el pleno ordinario. Fue en febrero de 2014. La Constitución amparaba este derecho, avalado por el TSJ de Valencia, el Tribunal Supremo o el Defensor del Pueblo, pero el alcalde no pensaba de la misma forma. Y en un pleno, el alcalde es el que manda. El primer edil no es el portavoz del gobierno, es el que dirige la sesión y si, en su rol de moderador, considera que se está vulnerando el procedimiento habitual o el orden por grabar un pleno expulsa a quien corresponda. Y punto.

Así ha funcionado hasta que el pasado 22 de abril, el Consell aprobara la Ley 4/2016 que modifica el artículo 139 de la Ley 8/2010 de Régimen Local de la Comunitat Valenciana. ¿El objetivo? Garantizar el derecho a asistir y grabar los plenos municipales. Le pese a quien le pese. «Muchos alcaldes o concejales se sienten incómodos si ven a un vecino grabar un pleno ya que saben que luego la imagen „que puede ser editada, incluir carteles y mofas... etc „ se propaga por las redes sociales a una velocidad de vértigo. La mayoría de veces, sin embargo, la grabación es una manera de exigir transparencia». Así lo aseguran desde la plataforma Graba tu pleno, una entidad nacida para denunciar «la censura» en las sesiones plenarias y asesorar judicialmente a quienes han visto su derecho vulnerado.

Con la proliferación de dispositivos móviles con cámara de vídeo, muchos vecinos comenzaron a alzar sus teléfonos sentados entre el público del salón de plenos. La medida no sentaba bien a según qué alcaldes. En 2011, el movimiento 15-M apareció en escena y con él la grabación de alcaldes y concejales en sus intervenciones públicas. Era una forma más de exigir transparencia a las instituciones públicos. Pero el ambiente se caldeó de manera exponencial.

La plataforma Graba tu pleno destaca, por ejemplo, el caso del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada, donde tenían una norma que impedía tomar imágenes a quien no estuviese acreditado como periodista. El TSJ revocó esta norma en 2009 y y el Tribunal Supremo la ratificó después.

El Ayuntamiento de Enguera también grababa los plenos y ofrecía la señal. Por ello, consideraba innecesario que otros hicieran los mismo y prohibía las grabaciones. El TSJ intervino en 2011 y el alcalde tuvo que dar marcha atrás.

Si nos centramos en grabaciones que estén en manos de la plataforma, destacan los vídeos protagonizados por los alcaldes de Ibi, Rocafort o Benetússer en los que ordenan la retirada de cualquier cámara del salón de plenos.