La Consellería de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas ha iniciado la implantación de la reducción de entre un tercio y la mitad de la jornada laboral para las empleadas públicas víctimas de violencia de género.
Esta es una de las medidas incluidas en el acuerdo de legislatura de la mesa de negociación del personal funcionarial, estatutario y laboral de la Generalitat firmado el pasado 9 de junio.
Las víctimas que se acojan a la minoración de un tercio de la jornada lo podrán hacer sin «reducción de haberes». Si se opta por un 50 % de la jornada, la reducción de los ingresos será la «correspondiente a la diferencia entre el tercio y la mitad».
Para acogerse a estas medidas, las mujeres han de presentar una acreditación de la situación de violencia ejercida sobre ellas emitida por los servicios sociales o de salud.
Según la directora general de Función Pública, Eva Coscollà, la respuesta global necesaria a la violencia machista tiene que incluir medidas para ayudar a las víctimas a «compatibilizar su vida profesional con la especial problemática personal en la que se encuentran».
