La discriminación que sufre la Generalitat en materia económica se agrava con el paso de los días. Ayer, sin ir más lejos, el Ejecutivo de Ximo Puig puso encima de la mesa un dato demoledor. El último modelo de financiación autonómica, aprobado en 2009 bajo mandato socialista y hoy aún en vigor, ha supuesto un quebranto de 6.900 millones para las arcas del Consell.
Esa es la cantidad aproximada que tendría que haber recibido de más la C. Valenciana si el Gobierno hubiera tenido en cuenta su población a la hora de repartir el dinero. La cifra habla por sí sola: casi medio presupuesto anual y más que todo el dinero reservado este año para Sanidad (5.909 millones).
El Ejecutivo autonómico dio a conocer ayer ese guarismo durante el encuentro que está manteniendo este fin de semana en Torrevieja, donde se han reunido consellers, jefes de gabinete y comunicación para hacer balance del semestre y fijar objetivos para lo que queda de 2016.
La «cumbre», con todo, ha contado con la participación de algún alto cargo. Ayer la «estrella invitada» fue José Moreno, director general de Presupuestos. Con él ahondaron en las dificultades económicas, el déficit, la situación financiera y el análisis de las cuentas para 2017. Además, cada conseller realizó una ponencia de media hora a puerta cerrada „sólo con los consellers„ para hacer balance del semestre y fijar objetivos de los próximos meses.
En el cónclave de ayer se sustanciaron los primeros acuerdos de cara al próximo ejercicio. La vicepresidenta, Mónica Oltra, avanzó ayer dos leyes. Una de ellas será la Ley de Función Pública, que afecta a todos los trabajadores de la administración. «Lo primero que vamos a abordar es la modificación de esta ley. La función pública tiene que servir para tener empleados públicos, que son los que enseñan a nuestros hijos, los que nos curan cuando vamos a los hospitales, los que tramitan los expedientes de dependencia para las personas en situación de vulnerabilidad... Queremos poner en valor a los empleados públicos tras años de maltrato», comenzó diciendo.
La vicepresidenta prefirió no ir más allá y no concretó los cambios normativos. Sin embargo, sí dejó entrever que la modificación tendrá también como finalidad dotar de estabilidad a las plantillas de las distintas áreas. «En 10 años tendremos la mitad de empleados públicos de los que tenemos ahora», apostilló, en una clara crítica al anterior Ejecutivo popular y al Gobierno central. La plantilla está «raquitizada», insiste el jefe del Consell.
La Generalitat también acordó ayer en su reunión de Torrevieja la modificación de una segunda ley. En este caso, la 1/2015 de Hacienda. «La hemos bautizado como la ley de para lo que me queda de estar en el convento. Es una ley que aprobó el PP en solitario y que ha elevado la burocratización, la lentitud en la administración y la falta de respuesta a unos niveles insoportables», sentenció la también lideresa de Compromís. Y agregó: «La administración tiene que ser rápida. Tendríamos que estar en unos niveles de implantación de nuevas tecnologías del 86% y, sin embargo, estamos en un 15%».
Agilizar la administración
La finalidad de la Generalitat pasa por revertir la actual situación de la administración valenciana, puesto que el PP la dejó «saboteada y raquítica», en palabras de la propia Oltra. «Queremos una administración ágil, del siglo XXI y que responda en tiempo real a los ciudadanos», dijo.
En este punto, desde Presidencia insisten en la importancia de la reunión que el viernes mantuvieron con los consellers los responsables de Intervención, Tecnología de la Información, la Abogacía y Función Pública, con el objetivo de mejorar la agilidad de la administración a la hora de resolver los conflictos.
