La consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, aseguró ayer que el informe emitido por el Ministerio de Fomento sobre el Tren de la Costa, en el que prácticamente se descarta su construcción por su escasa rentabilidad, «desprecia» el enorme interés social de esta infraestructura para municipios «con mucho atractivo turístico» cuya conectividad es «fundamental».

«Se trata, además, de un servicio público, un derecho de más de medio millón de personas que el Ministerio de Fomento ha infravalorado una vez más».

La consellera realizó estas declaraciones tras reunirse con los alcaldes de Oliva, David González; de Gandia, Diana Morant; y de Dénia, Vicente Grimalt.

Los alcaldes manifestaron a la consellera su preocupación por el contenido del estudio informativo del Ministerio de Fomento, que considera el Tren de la Costa «inviable social y económicamente».

La consellera reiteró que para el Consell es una infraestructura «clave» y anunció la presentación de alegaciones contra el estudio.

María José Salvador anunció también que cuando se constituya el nuevo gobierno de España reclamará al Ministerio de Fomento la constitución de la comisión de seguimiento y una reunión con el nuevo responsable para que explique de forma detallada el estudio informativo y trasladarle la necesidad de esta infraestructura.

Según la consellera el Tren de la Costa es una infraestructura «fundamental para la vertebración de nuestra Comunitat y para la apuesta por el transporte público en las comarcas de la Marina Alta, Baixa y la Safor».

«Hay que recordar que estas comarcas cuentan con una población de 544.000 habitantes para los que resulta incomprensible que no dispongan de una conexión ferroviaria mientras otras zonas de España con mucha menos densidad tienen trenes de alta de velocidad».

Los alcaldes coincidieron la la necesidad de dar una conectividad «real» a estos municipios tanto con Valencia como con Alicante y tacharon de «impensable» que el ministerio solo atienda a la vertiente económica sin tener en cuenta la rentabilidad social del proyecto.